En un contexto empresarial complicado, la reconocida empresa de telecomunicaciones Telefónica ha anunciado un ambicioso expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a siete de sus filiales. Según las estimaciones oficiales, esta decisión podría afectar a aproximadamente 5.500 trabajadores, lo que representa un desafío significativo no solo para la compañía, sino también para los empleados implicados y el panorama laboral español en general.

El coste total que Telefónica anticipa por este programa de salida es considerable, cifrándose en unos 2.500 millones de euros. Esta cifra fue comunicada recientemente a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que refleja la importancia de la noticia en el ámbito económico nacional.

El desglose de este coste es revelador. Para las divisiones de Telefónica España y Movistar Plus+, la provisión se establece en aproximadamente 2.300 millones de euros, mientras que las unidades de carácter corporativo se verán afectadas en unos 200 millones de euros, destacando la magnitud del ajuste que la firma está emprendiendo.

A pesar de lo elevado de estos números, la empresa ha indicado que se espera una mejora en la eficiencia a largo plazo, con un ahorro estimado de cerca de 600 millones de euros anuales a partir de 2028. Este ahorro se desglosa en alrededor de 500 millones de euros anuales provenientes de Telefónica España y Movistar Plus+, y unos 60 millones de euros de las áreas corporativas, lo que anticipa un cambio notable en su estructura de gasto.

Además, se prevé que el efecto sobre la generación de flujo de caja será beneficioso a partir de 2026. La compañía firmó el ERE el lunes con los sindicatos, y la implementación de las salidas de personal se estima que comenzará ya en el primer trimestre de 2026, lo que sugiere que la empresa busca optimizar sus recursos de manera rápida y efectiva en un entorno económico competitivo.