La tensión entre el PSOE y su socio minoritario en el Gobierno, Sumar, se intensifica a medida que se acerca el final del plazo para abordar la polémica referente al salario mínimo interprofesional (SMI). El partido socialista reitera su intención de mantener el impuesto sobre el SMI, alineándose con su estrategia fiscal, mientras que Sumar busca la exención de dicho tributo, lo que plantea un choque inevitable en el seno del Ejecutivo.

Este miércoles, responsables del Ministerio de Hacienda delinearon nuevamente su postura firme: el SMI debe continuar tribuntando el IRPF y el PSOE se propone ejercer su derecho de veto sobre cualquier legislación que intente desvirtuar esta política. Por su parte, Sumar se manifiesta en contra de esta decisión y, aunque contempla usar su voto para desafiar el veto en la Mesa del Congreso, su preferencia sigue siendo llegar a un consenso dentro del Gobierno.

Desde el PSOE, reiteran que su capacidad de veto se basa en la necesidad de proteger las finanzas públicas. Argumentan que la exención del SMI podría acarrear pérdidas significativas para la recaudación, estimadas en alrededor de 2.000 millones de euros. Ante esta situación, el partido de Pedro Sánchez ha dejado claro que no cederán a las exigencias de Sumar.

Sumar, a su vez, no se queda callado. Insisten en que están dispuestos a coaligarse con otros partidos, como el PP, para revocar el veto fiscal, aunque su deseo es alcanzar un acuerdo interno. Distinguendo su propuesta de las iniciativas presentadas por otros partidos, destacan que su ley es la única que realmente aborda el problema subyacente de la tributación del SMI.

El grupo plurinacional afirma que una fractura entre Sumar y PSOE en la Mesa no equivaldría a una crisis insalvable, dado que ambos partidos ya han tenido diferencias en el pasado. No obstante, persisten en su lucha para que los trabajadores con SMI no estén sujetos al IRPF, posicionándolo como una medida de justicia social y un reconocimiento ante la actual presión fiscal que enfrentan las grandes fortunas y rentas en el país.

A pesar de este cruce de acusaciones, Sumar asegura que mantendrán abiertas todas las opciones para llegar a un acuerdo con Hacienda, aunque consideran que la vicepresidenta primera no está dispuesta a dialogar. Además, enfatizan que la estabilidad del Gobierno no se vería comprometida si hubiera un enfrentamiento con el PSOE, una afirmación que choca con la perspectiva socialista sobre el conflicto.

Los socialistas defienden su postura, argumentando que el incremento del SMI durante los años de mandato de Sánchez demanda una tributación justa, advirtiendo que, de lo contrario, la continuación de esta política se volvería insostenible. La presión aumenta, ya que el Gobierno tiene un plazo de 30 días para responder a la propuesta legislativa presentada por Sumar, publicada el pasado 21 de febrero en el Boletín Oficial de la Cámara.