Las tensiones entre los dos sectores del Gobierno español vuelven a aflorar, especialmente en relación con el controvertido plan que ha presentado el presidente Trump para Gaza.

Desde Sumar, se han distanciado de la postura adoptada por el ala socialista, enfatizando que la responsabilidad del Ejecutivo no es exigir a la flotilla que se retire, sino más bien garantizar su seguridad en caso de que decidan continuar su trayecto hacia la zona de exclusión impuesta por las autoridades israelíes.

Esta postura contrasta marcadamente con la recomendación del Gobierno, que ha instado a los miembros de la flotilla a evitar la entrada en la zona restringida, argumentando que la embarcación de salvamento 'Furor' no podría operar en esas aguas sin poner en peligro a su tripulación y a los activistas de la flotilla.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ha manifestado en su cuenta de 'Bluesky' que la misión humanitaria de la flotilla es "valiosa y esencial", al tiempo que ha calificado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de "criminal de guerra responsable de genocidio", afirmando que es él quien actúa fuera del marco legal. "Es imperativo que España y la UE brinden protección a la flotilla", ha subrayado.

Este nuevo desacuerdo resalta la creciente división sobre la crisis en Gaza entre los socios de gobierno. Mientras el presidente Pedro Sánchez mostró su apoyo al plan estadounidense, Sumar lo rechazó de manera categórica, tildándolo de una imposición al pueblo palestino.

En un comunicado, Sumar ha enfatizado que el Gobierno tiene el deber de defender la legalidad internacional, así como de proteger la iniciativa de la sociedad civil que representa la flotilla. Además, han instado a la Unión Europea a garantizar su seguridad y el desarrollo efectivo de su labor humanitaria.

La organización también ha defendido que la flotilla respeta la legalidad internacional y debe ser capaz de llevar a cabo su misión humanitaria. Ellos ven esta acción como un símbolo de la resistencia de la sociedad civil internacional contra lo que consideran un genocidio perpetrado por Israel.

Así mismo, han subrayado que la flotilla navega en aguas internacionales, lo que le confiere el derecho a navegar libremente. En este sentido, han recalcado que los objetivos y la carga de esta misión están alineados con las resoluciones de la ONU, que han pedido de forma reiterada el fin de lo que denominan genocidio y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Finalmente, Sumar ha afirmado que cualquier intento de obstaculizar la labor humanitaria de la flotilla constituyen una violación grave del Derecho Internacional. Su mensaje es claro: un respaldo incondicional a la flotilla y un rechazo rotundo al genocidio.