En un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional, la portavoz del partido Sumar en el Congreso de España, Verónica Martínez, ha dado un paso significativo al anunciar la presentación de una iniciativa legislativa que busca proteger lo que ha denominado información "crítica" de la reconocida empresa de telecomunicaciones, Telefónica. Este anuncio se produce en un momento en que el consorcio saudí STC ha aumentado su participación en la compañía española, alcanzando el 9,97%, lo que ha suscitado inquietudes sobre la influencia externa en un sector considerado estratégico para el país.

Martínez ha explicado que la propuesta consiste en una proposición no de ley con varios objetivos, entre los cuales destaca la necesidad de reforzar la regulación existente. La diputada subraya la importancia de establecer "salvaguardas" para impedir que se comparta información fundamental con accionistas que pudieran representar un conflicto de intereses respecto a los valores y la seguridad del estado español.

En su intervención, la portavoz de Sumar utilizó el caso de Telefónica como un ejemplo paradigmático de los riesgos que conlleva la participación de inversores extranjeros en sectores estratégicos. La empresa, que ahora tiene al grupo saudí como uno de sus accionistas significativos, se enfrenta a la posibilidad de que este grupo solicite un asiento en su consejo de administración, un hecho que, según Martínez, despierta "serias dudas sobre la soberanía" de una firma que juega un papel crucial en la infraestructura de comunicaciones del país.

Frente a esta situación, Martínez enfatiza la necesidad de adoptar medidas que "blinden" el acceso de intereses foráneos, especialmente los de naturaleza financiera, a sectores críticos de la economía nacional. La portavoz considera que la protección de la soberanía estratégica de España es fundamental para salvaguardar el interés general de la población.

Además de las propuestas dirigidas a la protección de información sensible y sectores clave, la iniciativa de Sumar también aboga por una mayor colaboración y coordinación entre los Estados miembros de la Unión Europea, en un esfuerzo por regular de manera más efectiva el sector de las telecomunicaciones en un entorno global cada vez más competitivo y complejo.