El Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO), encabezado por Riek Machar, ha hecho un llamado a la movilización de sus seguidores en favor de un "cambio de régimen" tras la reciente decisión del gobierno de presentar cargos por crímenes contra la humanidad en contra de Machar. Esta situación amenaza con desestabilizar los frágiles progresos logrados desde el acuerdo de paz firmado en 2018, que busca poner fin a años de conflicto civil en Sudán del Sur.

Desde su independencia en 2011, Sudán del Sur ha enfrentado una serie de crisis que han exacerbado las tensiones internas. La reciente escalada de violencia en el noreste del país, unida a los constantes retrasos en la implementación del acuerdo de paz, pone en jaque las ya frágiles condiciones de estabilidad. Los enfrentamientos armados también han puesto en evidencia las crecientes divisiones dentro del gobierno de unidad liderado por Salva Kiir.

A pesar de que el acuerdo pretendía estabilizar la nación después de años de hostilidades, ha estado marcado por críticas hacia los líderes Kiir y Machar por su falta de compromiso en llevar a cabo las reformas necesarias. La corrupción persistente y una crisis humanitaria acuciante han sido constantes a lo largo de este periodo, lo que ha llevado a un aumento del descontento popular y la presión internacional.

Las conversaciones que condujeron a la formación de un gobierno de unidad se vieron plagadas de desconfianza entre los rivales históricos. Los intentos de unificar el Ejército y redactar una nueva constitución han sido sistemáticamente demorados, lo que ha alimentado la frustración tanto dentro del gobierno como entre la ciudadanía.

Además, Kiir ha sido acusado de maniobras para afianzar el control de su partido, el SPLM, al desplazar a oponentes del SPLM-IO en diversas posiciones estratégicas. A pesar de las advertencias sobre el riesgo de colapso del acuerdo, Machar y su partido nunca han optado por retirarse del gobierno, aunque la situación es insostenible.

Las tensiones no solo son políticas, sino también sociales y étnicas. El SPLM-IO está arraigado en la comunidad nuer mientras que el SPLM de Kiir se asocia con los dinka, lo que intensifica los temores de que el desabastecimiento político derive en violencia intercomunitaria.

A medida que el proceso de transición se ve amenazado por la decisión de Kiir de extender el periodo en el poder, la comunidad internacional ha expresado su preocupación. La misión de la ONU en Sudán del Sur ha subrayado la necesidad de voluntad política para lograr una paz duradera, mientras que los países de la troika han manifestado su desconcierto ante la falta de condiciones para unas elecciones libres y justas.

Las hostilidades volvieron a resurgir en febrero, particularmente en el estado de Alto Nilo, donde se realizaron enfrentamientos entre el Ejército y la milicia del empoderado SPLM-IO. La situación se tornó más grave con el arresto domiciliario de Machar, un acto que sus seguidores interpretan como parte de un intento de silenciar a la oposición y que amenaza con romper el acuerdo de paz definitivo.

La guerra en Sudán ha afectado la estabilidad en Sudán del Sur al generar un flujo de armas y un incremento en el reclutamiento de combatientes. La llegada de refugiados ha profundizado una crisis humanitaria que ya era crítica, complicando aún más la situación interna del país.

A medida que se intensifica la crisis, el SPLM-IO ha proclamado que el actual régimen ya no representa el espíritu del acuerdo de paz, sino que se ha convertido en una dictadura encubierta. Las declaraciones públicas de desafío han generado inquietud sobre una posible insurrección y un retorno a las armas, mientras el gobierno parece ignorar las advertencias que vienen del partido opositor.

La situación actual se vuelve cada vez más complicada con las autoridades que llevan a cabo acciones judiciales en contra de Machar y otros líderes de la oposición, lo que ha intensificado el temor de que este desenlace pueda marcar el inicio de una nueva ola de violencia en el país. Organizaciones como Human Rights Watch han exigido garantías para un juicio justo, resaltando la alarmante opacidad en los procedimientos legales que enfrentan los opositores al gobierno.

La erosión del estado de derecho y las violaciones a los derechos humanos registradas en Sudán del Sur han alertado tanto a la población como a la comunidad internacional sobre un posible deslizamiento hacia un conflicto a gran escala, lo que subraya la urgencia de actuar de manera efectiva antes de que la situación se torne irreversible.