En Madrid, el 8 de enero, se ha firmado un acuerdo entre la Iglesia, representada por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, y el Gobierno, un avance que ha sido recibido con aprobación por parte de asociaciones que apoyan a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito religioso. Sin embargo, estas asociaciones no han dejado de señalar ciertas "debilidades" en el pacto, tales como el breve plazo de un año establecido para presentar denuncias, que podría extenderse a dos, y la falta de un estándar claro para las indemnizaciones.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tiene previsto reunirse mañana con varias de estas víctimas en Madrid para aclarar los detalles del acuerdo, según han indicado algunas de las organizaciones que han sido convocadas a la reunión.

Manuel Barbero, fundador de la Asociación Mans Petites y padre de una víctima del caso Maristas, ha calificado este acuerdo de "histórico", aunque se muestra cauteloso al esperar a ver su implementación y cumplir con las demandas de las víctimas. Barbero ha expresado su preocupación por el escaso tiempo concedido para presentar denuncias, resaltando que los traumas no tienen un "interruptor" que se pueda activar rápidamente.

Barbero externó que, aunque considera que el acuerdo es "aceptable", nunca podrá ser suficiente para reparar el daño causado a las víctimas. Mencionó el caso de su hijo, que recibió una compensación de 60.000 euros tras 13 años de sufrimientos que, a su juicio, ninguna suma de dinero puede remediar.

En cuanto a la intervención del Defensor del Pueblo en este proceso, Barbero confía más en este organismo que en la comisión asesora del Plan Priva, que, según él, no ha tratado a las víctimas con la seriedad que merecen.

Por otro lado, Miguel Hurtado, primer denunciante del escándalo de abusos en la Abadía de Montserrat, valoró el acuerdo señalando algunos aspectos positivos, como la participación del Defensor del Pueblo, pero también criticar algunos de los puntos más frágiles, como el corto plazo para gestionar las denuncias. Recalca que en modelos de otros países, como Irlanda, se ha otorgado un periodo más razonable de cuatro o cinco años para este proceso.

Hurtado, además, destacó la importancia de establecer un baremo que fije cuánto debe ser la indemnización, recordando que el modelo irlandés, por ejemplo, permitía compensaciones de hasta 300.000 euros. También aboga por la urgencia de implementar leyes que eliminen la prescripción en los casos de pederastia para garantizar que todas las víctimas tengan acceso a la justicia.

Desde Navarra, Marcos Leyún, quien preside la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas, ha expresado su satisfacción al conocer el acuerdo, especialmente porque muchas personas consideraban que la Iglesia no cedería. Para él, si se ponen en práctica las medidas propuestas, este acuerdo podría resultar suficiente, aunque manifiesta ciertas reservas sobre la autoridad de la Comisión Asesora en la evaluación de solicitudes de indemnización y se muestra inquieto ante la posibilidad de que el estado deba contribuir a estas compensaciones.

En cuanto a la necesidad de una disculpa pública adicional al acuerdo, Leyún opina que establecer un sistema claro de indemnización fortalecería la autenticidad de dicha disculpa.

Por su parte, Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), ha calificado el acuerdo de "viable, transparente y positivo", elogiando tanto la labor de las asociaciones de víctimas como el papel del Ministerio de Justicia y del Defensor del Pueblo en la gestión de este proceso. Cuatrecasas espera que se actúe con agilidad y siguiendo las recomendaciones del Defensor.

Finalmente, quiso rendir homenaje a las víctimas que han fallecido en su lucha por la justicia, recordando a Emiliano Álvarez, Andrés Basarte y Diego, y resaltando la importancia de honrar su memoria y su esfuerzo a lo largo de los años.