En Madrid, a fecha del 12 de noviembre, se ha desatado una polémica en torno a la figura del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González. Varios sindicatos policiales han manifestado su descontento con lo que han denominado una "jubilación premium", afirmando que el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, ha utilizado de forma inadecuada el segundo real decreto ley de ayudas debido a la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

El sindicato JUPOL ha sido uno de los más vehementes en sus críticas, considerando "indigno" que el Gobierno vincule el prolongar la edad de jubilación del DAO con la circunstancia de las ayudas para la DANA. En un comunicado, los representantes de JUPOL han subrayado que "Marlaska prefiere equiparar la jubilación del DAO a la de todos los policías nacionales", lo que consideran un trato desigual dentro de las fuerzas del orden.

Por su parte, el sindicato CEP también ha alzado su voz en contra de la reciente modificación legislativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), calificando esta acción de "iniciativa censurable y rechazable". Argumentan que se ha hecho uso de una herramienta normativa destinada a aliviar las consecuencias de una tragedia nacional, un hecho que, según ellos, debe ser tratado con un mayor sentido de la responsabilidad.

Además, CEP ha puesto en entredicho la legitimidad del cambio legal, citando que éste se justifica por la práctica vigente en la Guardia Civil desde 2014. A su juicio, "constituye un ejercicio de provocación corporativa", ya que ningún error de gestión debería ser excusa para repetir actuaciones inadecuadas. Han advertido que "las cúpulas operativas de ambos Cuerpos no pueden convertirse en una isla ajena al resto de policías y guardias civiles, para la que se diseñan condiciones profesionales diferentes, privilegiadas y exclusivas".

Desde el Gobierno, la argumentación para mantener al DAO en su puesto más allá de los 65 años, edad establecida para la jubilación, radica en la necesidad de su liderazgo durante lo que se ha calificado como una "situación de emergencia nacional" generada por la DANA. En el decreto que regula este nuevo panorama, el Gobierno ha descrito que "en esta situación de emergencia nacional resultaría altamente disfuncional proceder a la sustitución de quien, al frente de la Dirección Adjunta Operativa, se encuentra dirigiendo y coordinando sobre el terreno las funciones operativas de los efectivos de la Policía Nacional".

Es importante señalar que la primera intención del Gobierno había sido incluir esta modificación legal dentro de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, relativa al Régimen de Personal de la Policía Nacional, a través de una enmienda del PSOE en la Ley de Movilidad, actualmente en tramitación bajo el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

Finalmente, es relevante mencionar que durante su comparecencia en el Senado el pasado 24 de octubre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había anticipado que se estaban evaluando alternativas para evitar la jubilación del DAO, a quien describió como "impecable" e "indiscutible", lo que pone de manifiesto la postura del Gobierno ante esta controversial decisión.