La política española se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, tras las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha manifestado su plena confianza en Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. Montero ha denunciado lo que considera un ataque sistemático por parte de la oposición, tildando su estrategia de "acoso y derribo".

El clima de tensión se intensificó luego de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrara la vivienda del exministro José Luis Ábalos en Valencia, en busca de evidencias sobre posibles adjudicaciones irregulares relacionadas con obras públicas. Santos Cerdán ha salido al paso de estos acontecimientos, negando cualquier implicación en irregularidades y afirmando no tener temor ante la situación, señalando que no se siente compelido a defenderse de nada.

“No tengo miedo”, declaró Cerdán en una muestra de firmeza, mientras se dirigía a los medios en el Congreso. Aclaró que no está al tanto de ninguna investigación en su contra y enfatizó su inocencia respecto a cualquier adjudicación ilegal, repitiendo contundentemente que no ha estado involucrado en ningún tipo de irregularidad.

Por su parte, María Jesús Montero se ha manifestado al respecto, dejando claro que mantiene "toda" la confianza en Cerdán y descartando cualquier posible vinculación con la investigación en curso. En su análisis, la vicepresidenta señala que la oposición se encuentra sumida en "mentiras y bulos", lo que, según ella, distrae del verdadero trabajo de gobernar que su Ejecutivo ha asumido como prioridad.

Montero, quien además ocupa el cargo de ministra de Hacienda, fue interrogada por los periodistas tras la sesión de control del Congreso, a raíz de una pregunta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acerca del respaldo del presidente Pedro Sánchez hacia Cerdán. La ministra concluyó que la situación de Ábalos no le preocupa ni un ápice, insistiendo en que cada parte debe cumplir con su rol, dejando el proceso judicial en manos de la Justicia mientras el Gobierno se dedica a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.