En Madrid, el 2 de mayo, Ruth Ortiz y Patricia Ramírez, dos madres que han sufrido la pérdida de sus hijos a manos de asesinos, han alzado sus voces en defensa de quienes son víctimas de la violencia vicaria. Ambas han demandado que se implementen medidas que protejan a estas víctimas, especialmente en lo que respecta a la divulgación de información relacionada con los crímenes que han vivido.

Su llamado surge en medio de la discusión sobre una reforma del Código Penal que está siendo considerada por el Ministerio de Igualdad. Esta reforma busca prohibir a los perpetradores de violencia vicaria que puedan comunicar detalles de sus casos a medios de comunicación, una medida que se ha vuelto aún más relevante tras la controversia generada por el libro 'El odio', escrito por Luisgé Martín, que trata sobre José Bretón.

Ortiz ha hecho hincapié en la urgencia de brindar protección adecuada a todas las víctimas quienes han visto cómo sus hijos fueron asesinados. “Es necesario asegurar que no suframos una nueva revictimización”, afirmó con firmeza. En este contexto, ha iniciado acciones legales para frenar la publicación del mencionado libro, argumentando que su contenido infringe diversas leyes de protección a la intimidad y honor de las personas.

Tras la decisión de la editorial Anagrama de pausar la publicación del libro, a raíz de la solicitud de la Fiscalía de Córdoba, Ortiz expresó un leve alivio, aunque subrayó que el daño ya estaba hecho. A pesar de la aprobación judicial para la circulación del texto, Anagrama decidió cancelar el contrato el 16 de abril, aunque el autor sigue decidido a proceder con la publicación.

Por otro lado, Patricia Ramírez ha instado al Gobierno a desarrollar legislaciones que resguarden a los padres de hijos asesinados de cualquier explotación mediática. “Lo que pedimos es una ley que prohíba que los asesinos de nuestros hijos se lucren a través de sus crímenes”, destacó Ramírez, resaltando la necesidad de garantizar que se respete su dignidad y la de sus hijos.

Sin embargo, Ramírez también ha señalado que cualquier avance en la protección de las víctimas debería ser más amplio y no limitarse solo a casos de violencia vicaria. Recordó su presentación en la Comisión de Interior del Senado, donde instó a un "acuerdo de Estado" que defienda los derechos de los afectados por delitos violentos cometidos contra sus hijos.

En un esfuerzo por proteger la imagen de los menores involucrados, Ramírez se opuso a la creación de un 'true crime' basado en su caso, que incluía material que podría perjudicar la privacidad y la memoria de su hijo. Este esfuerzo es parte de un movimiento más amplio que busca modificar los artículos del Código Penal que permitirían imponer penas adicionales a los criminales que intenten comunicar información que revictimice a las víctimas.

El Ministerio de Igualdad ha dejado claro que, si estas modificaciones se aprueban, las sanciones se aplicarían únicamente a los agresores, impidiendo así cualquier divulgación de detalles sobre los casos que pudiera herir nuevamente a las víctimas.

Sin embargo, la iniciativa ha encontrado voces críticas en el ámbito jurídico. Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional, argumentó que si el contenido del libro es veraz y tiene relevancia pública, no se debería restringir la libertad del autor para exponer su versión de los hechos. Por su parte, David Ortega, experto en la materia, sugirió que el dilema entre la libertad artística y el derecho a la intimidad de los menores es complejo y debería ser considerado con cautela.

Desde el ámbito político, representantes del grupo Sumar han manifestado su desacuerdo con la idea de implementar una legislación más restrictiva, abogando en cambio por una escucha activa del sentir social que ha mostrado un rechazo contundente ante proyectos editoriales que puedan ofender a las víctimas.

El departamento de Ana Redondo está en proceso de negociación con varios grupos parlamentarios a fin de abordar estas preocupaciones dentro del marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, buscando un enfoque que contemple la voz de la sociedad ante estos delicados asuntos.