En un esfuerzo por alcanzar un consenso sobre temas de vivienda, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha manifestado su esperanza de que la próxima Conferencia de Presidentes se traduzca en un acuerdo con las comunidades autónomas. Rodríguez considera que la propuesta del Gobierno es una medida de sentido común, que resulta casi imposible de rechazar.

De acuerdo a una carta que ha enviado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los líderes de las comunidades autónomas en vísperas de la conferencia, se espera que las autonomías garanticen de forma indefinida la protección de las viviendas de protección oficial (VPO) si desean acceder a los fondos del Plan Estatal de Vivienda, cuyo presupuesto se desea aumentar hasta los 4.000 millones de euros entre 2026 y 2030.

El plan actual de vivienda finalizará el próximo 31 de diciembre, y el Gobierno busca incrementar su financiación de 2.700 a 4.000 millones. Sin embargo, este incremento está condicionado a que las comunidades aumenten su aportación, pasando de un 25% a un 40%, en un ejercicio de corresponsabilidad financiera.

La ministra también ha dado a entender que se planteará vincular la concesión de ayudas estatales a que las comunidades mantengan la calificación de VPO de manera permanente. Este enfoque se justifica en que, en ocasiones, personas acceden a estas viviendas subsidiadas solo para revenderlas a precios mucho más altos en el mercado privado.

“¿Acaso hay alguien que no desee mejorar la inversión en vivienda y asegurar que esos recursos se queden como infraestructura pública para siempre?”, planteó Rodríguez, enfatizando la importancia de que estos esfuerzos se concreten y no se desvíen hacia otros fines, como la adquisición por fondos de inversión.

Rodríguez también se mostró confiada en que los presidentes autonómicos responderán de manera positiva a esta propuesta, subrayando que no se trata de llegar a un acuerdo con la oposición, sino de establecer un compromiso directo entre gobiernos.

En este sentido, la ministra puso de relieve que el acuerdo propone responsabilidades gubernamentales compartidas, recriminando a ciertos líderes autonómicos que exigen competencias en materia de vivienda mientras desvían su responsabilidad a otros.

La ministra se mostró optimista respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo, reflexionando sobre la situación de los jóvenes que, debido a la proliferación de alojamientos turísticos, se ven forzados a abandonar sus barrios en Málaga. “Es fundamental cambiar esta situación”, añadió.

Además, hizo hincapié en que los presidentes autonómicos deben actuar en beneficio de sus ciudadanos, independientemente de su afiliación política, y les ofreció cooperación para garantizar recursos que no se piensen en la especulación futura.

En respuesta a las críticas sobre la Ley de Vivienda en algunas comunidades, Rodríguez lamentó que se cuestionen medidas que no han sido puestas en práctica. “Es ilegal criticar algo que no se aplica. Lo que realmente debe preocuparnos es que las viviendas construidas ahora puedan ser vendidas en el futuro a inversores privados”, afirmó.

La ministra también dirigió un mensaje a los votantes del Partido Popular, recordando que muchos de ellos enfrentan dificultades para acceder a viviendas. Hizo un llamado a sus representantes para que comprendan estas necesidades y trabajen en ello.

Finalmente, Rodríguez instó a las comunidades autónomas a modificar su legislación para proteger el parque público de viviendas de la especulación de fondos buitres, indicando que el dinero público pertenece a todos los españoles y que el compromiso es garantizar que ningún recurso termine en manos privadas. “Es hora de actuar en beneficio de la ciudadanía”, concluyó.