Crónica España.

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Robles aclara que la renuncia de García Ortiz tras ser procesado es una elección personal, no un requerimiento legal.

Robles aclara que la renuncia de García Ortiz tras ser procesado es una elección personal, no un requerimiento legal.

En Madrid, el 30 de julio, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que el marco legal no obliga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a renunciar si enfrenta un proceso judicial. Así, ha indicado que cualquier decisión sobre su posible dimisión dependerá exclusivamente de su criterio personal.

Durante un homenaje en Paracuellos del Jarama a los paracaidistas caídos en Líbano en 2007, Robles enfatizó que no tiene autoridad para indicar al fiscal general qué pasos debería seguir. “Lo que es crucial es permitir al Tribunal Supremo hacer su trabajo y confiar plenamente en nuestras instituciones”, sostuvo la ministra.

Este comentario surge en respuesta a las interrogantes sobre si García Ortiz debería dimitir tras ser colocado a un paso de ser juzgado por un presunto delito de divulgación de secretos relacionado con Alberto González Amador, compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según la ministra, las decisiones de dimisión son intrínsecamente "personales" y dependen de la responsabilidad que cada individuo asuma. Robles subrayó que, dado que la ley no contempla específicamente la dimisión en este contexto, corresponde al fiscal general determinar su futuro.

Robles también expresó su preocupación por el estado actual de la presunción de inocencia en España, recordando que todos deben ser considerados inocentes hasta que exista una condena firme. Lamentó que se estén realizando "juicios paralelos" y abogó por un respeto a las decisiones del Tribunal Supremo.

Cuando se le cuestionó sobre las objeciones del Partido Popular respecto a la permanencia de García Ortiz en su puesto, recomendó a los miembros del partido que permitan a los jueces actuar sin interferencias y eviten hacer "oposición por distracción", advirtiendo que algunas de sus declaraciones podrían ejercer "presión" sobre el tribunal.

“No es aceptable cualquier estrategia en política. El PP parece utilizar esta situación como un arma en su contra del Gobierno, más que preocuparse sinceramente por la justicia o el papel del fiscal general, el cual ha sido descuidado durante años”, concluyó Robles.