El Gobierno del Reino Unido ha revelado este lunes una propuesta de reforma migratoria que ha generado un amplio debate en el ámbito político y social. Esta iniciativa incluye la eliminación de subsidios para quienes solicitan asilo y un aumento en la presión para expulsar a migrantes del país. Críticos de distintas organizaciones de apoyo a los inmigrantes y algunos miembros del Partido Laborista, que ocupa el poder, han expresado su rechazo a estas medidas.

En la Cámara de los Comunes, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, defendió la propuesta, argumentando que los ciudadanos británicos consideran el sistema actual de asilo como ineficaz e injusto. "La percepción pública es clara, y está fundamentada en la realidad”, afirmó durante su discurso.

Mahmood detalló que la carga del sistema ha sido considerable, con 400.000 solicitudes de asilo registradas en los últimos cuatro años. Además, destacó que más de 100.000 personas permanecen en instalaciones de acogida y que muchas de ellas reciben ayudas económicas incluso ocho años después de haber llegado al país.

La ministra cuestionó la lógica del actual modelo, afirmando que existen casos en los que solicitantes de asilo gozan de beneficios que parecen desproporcionados, como el acceso a vivienda y ayudas mensuales de 800 libras, incluso si tienen acceso a recursos financieros, como un automóvil de lujo.

Mahmood también anunció la intención de eliminar la obligación de proporcionar apoyo a aquellos que tienen la capacidad de trabajar. “Es apropiado que quienes reciben ayuda aporten al coste de su estancia si cuentan con ingresos o bienes“ señaló, enfatizando un enfoque más responsable hacia el sistema de soporte social.

Este proyecto de 32 páginas establece que las ayudas serán dadas de manera "discrecional" y que se revisará la situación de cada refugiado cada dos años y medio, en comparación con los cinco años actuales, durante los cuales no podrán solicitar la residencia permanente.

Además, el documento especifica que se eliminará el deber legal de proporcionar ayudas a solicitantes de asilo sin ingresos, una normativa que data de 2005 y que ya no es necesaria tras el Brexit. "La asistencia será condicionada a que los solicitantes cumplan con las leyes británicas”, añade, anunciando que las autoridades tomarán medidas enérgicas contra aquellos que abusen del sistema.

Por su parte, el Centro de Derechos Laborales del Reino Unido ha expresado su preocupación, advirtiendo que estos cambios podrían beneficiar a traficantes y explotadores. Su directora, Dora-Olivia Vicol, subrayó que la inseguridad en la revisión del estatus de los migrantes dificulta su acceso a empleos dignos, empujándolos hacia trabajos precarios.

La reforma también incluye planes para incrementar las expulsiones de aquellos solicitantes cuyos casos hayan sido desestimados, reclamando que el Gobierno no ha presentado la firmeza necesaria hasta ahora. Mahmood remarcó esta necesidad de acción.

Además, se plantean medidas que permitirían la detención y expulsiones, incluso de menores. "El Gobierno proporcionará apoyo financiero a las familias que decidan regresar voluntariamente, pero si lo rechazan, procederemos con una expulsión forzosa,” indicó.

El plan contempla reanudar las expulsiones a países como Siria, sugiriendo que se están evaluando las condiciones para facilitar este tipo de devoluciones que no se habían realizado en años recientes.

Finalmente, la reforma endurece requisitos para la reunificación familiar, que ya no será automática. Ahora, el solicitante necesitará un visado de trabajo o de estudios antes de solicitar este proceso, marcando un nuevo rumbo en la política migratoria del país.