Las comunidades autónomas bajo la administración del Partido Popular (PP) han decidido dar un paso firme para alterar el orden del día para la próxima Conferencia de Presidentes, programada para el 6 de junio en Barcelona. Si el Gobierno de la Nación ignora su solicitud, estas autonomías tienen la intención de llevar su reclamación ante los tribunales.

Así lo ha confirmado el Gobierno de Cantabria a través de Europa Press, tras el anuncio del consejero andaluz Antonio Sanz, quien ha indicado que las comunidades gobernadas por el PP se unirán en esta demanda y están dispuestas a recurrir judicialmente si el Gobierno central no responde positivamente.

Sanz ha señalado que, de proceder con la vía legal, se solicitarán "medidas cautelarísimas" al considerar que la convocatoria del encuentro presidencial es "ilegal". En una reciente entrevista para Canal Sur Televisión, Sanz recordó que el reglamento de la Conferencia de Presidentes —aprobado por consenso— estipula que el orden del día debe ser establecido a propuesta del Gobierno, y si más de diez comunidades piden incluir puntos, estos deben ser obligatoriamente contemplados. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se está negando a este procedimiento.

El consejero andaluz criticó que el Gobierno parece preferir una reunión que se limite a la presentación de un monólogo por parte del presidente, en cuyos debates no se discutan cuestiones críticas como la crisis energética, en especial cuando Andalucía enfrenta un déficit del 40% en su red eléctrica, o el caos en el sector ferroviario. Temas tan relevantes como la sanidad y la financiación autonómica también han sido dejados de lado.

Frente a este panorama, Sanz ha anunciado que las comunidades gobernadas por el PP entregarán el lunes una nueva solicitud al Gobierno de España, demandando abordar los problemas reales que preocupan a los españoles, criticando así la gestión actual del Gobierno. Asimismo, advirtió que si el orden del día es finalmente desestimado, esto constituiría una convocatoria ilegal, llevándolos a solicitar las “medidas cautelarísimas” correspondientes.

El consejero enfatizó que la negativa a discutir los puntos planteados por las comunidades autónomas violaría el reglamento y, por ende, el Gobierno debería considerar seriamente la importancia de que la Conferencia de Presidentes funcione como un verdadero foro para el debate y no como un mero trámite en el que los presidentes autonómicos únicamente tengan la oportunidad de expresar sus opiniones durante breves momentos sin recibir respuestas significativas del presidente del Gobierno.