En Madrid, el 13 de junio, se ha generado un amplio debate en Perú tras la presentación de un ambicioso proyecto de ley por parte del partido 'Perú Libre'. Esta propuesta, que se discute en el Congreso, busca la expropiación y nacionalización de Telefónica del Perú, que recientemente fue vendida por la empresa matriz española al grupo argentino Integra Tec por un monto cercano a 900.000 euros.

Los responsables de esta iniciativa son los congresistas de Perú Libre, Guillermo Bermejo y Bernardo Quito, quienes recibieron el respaldo de otros nueve miembros de su partido y tres representantes de 'Juntos por el Perú'. La firma de varios legisladores destaca el apoyo transversal que esta propuesta ha conseguido dentro del Congreso.

El documento que sustenta la ley enfatiza que su objetivo es declarar la necesidad pública y el interés nacional en la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones, con la intención de salvaguardar los intereses del Estado, proteger a los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), asegurar el capital de los proveedores y garantizar un servicio de telecomunicaciones esencial para la conectividad en todo el país.

La propuesta de ley abarca la expropiación de “todas las acciones, activos y operaciones” de Telefónica del Perú, incluyendo empresas que fueron fundadas entre marzo y junio de 2020, tales como PangeaCo, Telefónica Cloud Tech Perú y Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech Perú.

Es relevante recordar que la venta de su filial en Perú formó parte de la estrategia de Telefónica de disminuir su exposición en América Latina. Además, la transacción ya se encuentra formalizada, lo que implica que cualquier riesgo regulatorio futuro recaerá sobre el nuevo propietario.

En cuanto a la situación financiera, Telefónica del Perú se había encontrado en un proceso de concurso de acreedores al momento de la transacción, acumulando una deuda que ascendería a aproximadamente 1.240 millones de euros para finales de 2024.

El proyecto legislativo también contempla que el Gobierno asuma el compromiso de pagar un “justiprecio” basado en la última operación de venta del 99,3% de las acciones de la empresa, aunque se descontarán las deudas tributarias y sanciones que la empresa deba al Estado peruano.

Además, se sugiere la creación de una nueva entidad estatal llamada 'Telecomunicaciones del Perú' (Telperú), la cual estaría bajo la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, asumiendo la gestión de la telecomunicación hasta que se tome una decisión final sobre su administración o posible privatización.

Entre los argumentos presentados en el proyecto de ley, se alega que Telefónica había llevado a cabo una planificación para desmantelar progresivamente la filial en Perú, transfiriendo activos clave a nuevas empresas establecidas en años recientes, lo que provocaría un debilitamiento de la compañía local.

El contexto en torno a la salida de Telefónica de los mercados hispanoamericanos se remonta a 2019, aunque su ejecución ha cobrado fuerza en 2023, con la venta de activos en varios países como Argentina, Uruguay y Colombia.

El documento también subraya que la transferencia de tecnología crucial, como el equipamiento de fibra óptica a la empresa PangeaCo, representa una estrategia para preservar el control de los activos más rentables, dejando a la filial peruana en una situación estructuralmente precaria.

En el momento de la operación, Telefónica del Perú contaba con aproximadamente 13 millones de clientes. Sin embargo, enfrentaba una compleja situación financiera y administrativa, marcada por problemas con la autoridad tributaria, que estaba afectando su rendimiento durante las últimas dos décadas.

El impacto contable de la venta en las cuentas de Telefónica para el primer trimestre de este año fue significativo, registrándose en torno a 500 millones de euros.

Actualmente, el proyecto legislativo está en proceso de análisis en las comisiones pertinentes del Congreso y aún no ha sido sometido a discusión en el Pleno para determinar su futuro legislativo.