En un entorno económico cada vez más complicado, los expertos del sector inmobiliario han lanzado una seria advertencia sobre la posibilidad de un colapso en el mercado de la vivienda en España. Las recientes alzas en los precios podrían llevar a una situación crítica en la que, en un plazo de tres años, la producción de nuevas viviendas se detenga debido a una caída significativa de la demanda. Los promotores están instando a las autoridades a tomar medidas urgentes antes de que se alcance un punto de no retorno.

Rafael González-Cobos, presidente del Grupo Ferrocarril, ha señalado que la situación en Madrid es particularmente alarmante, ya que es una de las áreas con mayor presión en el mercado de la vivienda. Durante un evento organizado por 'El Economista', advirtió que la paralización de la actividad constructiva podría materializarse entre tres y cuatro años si las tendencias actuales continúan.

González-Cobos considera que un eventual colapso del mercado sería un escenario "dramático", con empresas en riesgo de cerrar si la demanda desaparece por completo. “Lastimosamente creo que esta situación se va a dar”, manifestó, reflejando su pesimismo respecto al futuro inmediato del sector.

A pesar de su creencia en una demanda sostenida durante los próximos diez años, el directivo subrayó que la ineficacia para controlar la escalada de precios acabará impidiendo que los compradores accedan al mercado. Este desajuste podría resultar en un futuro incierto donde los precios ya no sean asequibles para la mayoría de los ciudadanos.

En un tono similar, Raúl Guerrero Juanes, consejero delegado de Grupo Gestilar, enfatizó la dificultad de prever un cambio en la tendencia actual de los precios, y llegó a sugerir la posibilidad de hipotecas de hasta 70 años que podrían ser heredadas entre generaciones. Esto refleja la desesperación que sienten algunos actores del mercado frente a la creciente inaccesibilidad de la vivienda.

Francisco Pumar, director general de Grupo Insur, ofreció un análisis sobre las causas que han llevado a esta situación. Indicó que factores como las complicaciones para obtener suelo edificable y acceder a financiación son determinantes, además de las estrictas normativas y regulaciones que complican el proceso de construcción.

“Estamos en un negocio que no logra brindar la rentabilidad esperada, lo que limita nuestras opciones para ofrecer terrenos y, por ende, alimenta la presión en el mercado”, dijo Pumar, enfatizando cómo esto contribuye a la crisis actual.

Ignacio Moreno, consejero delegado de Aurora Homes, también advirtió que el mercado seguirá enfrentando tensiones hasta que los compradores se vean incapaces de hacer frente a los precios. “La situación va a empeorar progresivamente, y en lugares como Madrid, a pesar de nuestros esfuerzos, no estamos logrando satisfacer la demanda existente”, declaró.

Moreno también abordó el tema de la fiscalidad, argumentando que los altos impuestos sobre la vivienda son un obstáculo crítico para aumentar la construcción. Observó que el gobierno recauda aproximadamente 52.200 millones de euros anualmente por este concepto, lo que representa una sexta parte de sus ingresos totales, impactando así en el producto interior bruto (PIB).

Con el fin de facilitar la construcción y ajustar los precios hacia abajo, propuso reducir los ingresos fiscales por concepto de vivienda a cifras más manejables, como 40.000 o 30.000 millones de euros. Esto, afirmó, proporcionaría más flexibilidad para abordar los desafíos del mercado.

Finalmente, Vicenç Topas, director general de Premier España, respaldó la propuesta de Moreno, añadiendo la escasez de suelo y la falta de mano de obra en el sector de la construcción como cuestiones fundamentales que deben ser resueltas para lograr un cambio significativo en la situación actual del mercado inmobiliario.