El vocal del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) Enrique Lucas ha expresado su desacuerdo con la aprobación de una declaración institucional sobre la amnistía que contiene argumentos "discutiblemente jurídicos" y otros estrictamente jurídicos. Lucas considera que esta mezcla de argumentos no beneficia a la institución y además puede generar confusión, dando la impresión de que el documento representa la opinión de los jueces y tribunales, cuando no es así.

En una entrevista concedida al programa Boulevard de Radio Euskadi, Lucas ha manifestado que no consideraba pertinente debatir sobre temas de contenido político, como la amnistía. Para él, el valor de su opinión se deriva de los informes emitidos por el órgano de gobierno de los jueces sobre textos concretos, por lo que no considera oportuno el documento emitido en relación a la Ley de amnistía.

Lucas ha explicado que votó en contra de la declaración porque considera que mezcla argumentos jurídicos con otros discutibles desde el punto de vista jurídico, lo cual no favorece el papel ni la institución del CGPJ. Además, ha dejado claro que la decisión de votar en contra no se debió al debate sobre la amnistía en sí, sino sobre la oportunidad de hacer la declaración.

El vocal del CGPJ ha asegurado que el debate se llevó a cabo de manera tranquila y sosegada, a pesar de las profundas discrepancias en el fondo. Según Lucas, la discusión fue civilizada y cordial.

Respecto al contenido de la declaración, que argumenta que la Ley de Amnistía puede acabar con el Estado de Derecho, Lucas ha opinado que es una frase llamativa, pero ha votado en contra debido a la falta de un texto concreto y un análisis en profundidad. En su opinión, emitir cualquier opinión sobre el tema en este momento sería inconveniente e irresponsable.

Lucas ha recordado que el CGPJ no tiene competencia jurisdiccional para decidir sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, ya que esa es una tarea de los tribunales de justicia. La determinación sobre su constitucionalidad o no corresponde al Tribunal Constitucional.