El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha expresado que sería deseable que el Parlamento consulte al CGPJ sobre la futura ley de amnistía. Durante el Pleno extraordinario celebrado el pasado lunes, Guilarte votó en blanco en la declaración institucional en contra de la amnistía, argumentando que es prematuro tomar una posición a favor o en contra de una opción política sin tener conocimiento previo del texto de la ley.

La declaración institucional fue aprobada por el Pleno con el voto de ocho vocales conservadores y uno más, mientras que cinco vocales progresistas votaron en contra y Guilarte votó en blanco. En dicha declaración se denunciaba que una ley de amnistía supondría la abolición del Estado de Derecho.

Guilarte ha afirmado que hasta que no se presente un anteproyecto o proposición de ley sobre la amnistía, el CGPJ no debería tomar parte en el debate político. Resalta la importancia de la independencia judicial y la necesidad de evitar injerencias tanto de otros poderes como del propio CGPJ en la actividad política.

Sin embargo, deja claro que el CGPJ tiene la misión de defender la actuación de los órganos jurisdiccionales y que esto debe aplicarse en cualquier actividad futura relacionada con el tema de la amnistía. Destaca la ejemplaridad del Tribunal Supremo y de los demás órganos judiciales en sus decisiones dentro del marco legal vigente, por lo que considera que no se debe deslegitimar su labor con una normativa posterior.

Guilarte argumenta que la declaración institucional aprobada refleja la posición de un actor político específico y que su aceptación implica un posicionamiento institucional a favor de esa opción política sin que exista un proyecto de ley concreto que justifique los posibles peligros para la independencia judicial. Por tanto, considera oportuno evitar un pronunciamiento del CGPJ en este momento.

No obstante, destaca que la oportunidad de un pronunciamiento puede revisarse en función de los acontecimientos futuros y sugiere que las Cámaras legislativas soliciten la opinión del CGPJ sobre una futura ley de amnistía, como sería deseable.

Por otro lado, Guilarte defiende la plena legitimidad del Pleno del CGPJ para valorar cuestiones relacionadas con la actividad de los órganos jurisdiccionales, aunque esté en situación de prórroga y sin renovación. Rechaza las críticas de deslegitimación, especialmente cuando provienen de quienes son responsables de la falta de renovación.

Finalmente, reconoce que la declaración institucional no favorece el consenso, especialmente en materia de justicia, necesario para la renovación del CGPJ. Se compromete a buscar una fórmula que solucione los problemas actuales del sistema de designación en aras de lograr dicha renovación.