En un giro dramático de los acontecimientos políticos en Corea del Sur, el presidente destituido, Yoon Suk Yeol, ha sido trasladado a un centro de detención en un inquietante desarrollo que sigue a su arresto en su residencia oficial. Este suceso se enmarca en una investigación en curso por presunta insurrección y abuso de poder, relacionada con la controvertida declaración de la ley marcial que tuvo lugar el pasado mes de diciembre.

La oficina anticorrupción surcoreana ha dado a conocer que el interrogatorio de Yoon concluyó solo unas horas después de su detención, hacia las 21:40 hora local. Sin embargo, el exmandatario se negó a responder a las preguntas de los agentes en torno a la declaración de la ley que ha desatado un despliegue militar sin precedentes en la capital y ha puesto al país en medio de una profunda crisis política.

Yoon, escoltado desde las instalaciones de la agencia anticorrupción, ha sido llevado al Centro de Detención de Seúl, ubicado a 22 kilómetros de la ciudad, tras un maratónico interrogatorio de 10 horas en Gwacheon. Este traslado se produce en un contexto de creciente tensión y incertidumbre sobre el futuro político del país, como reporta la agencia de noticias Yonhap.

Se anticipa que Yoon será interrogado nuevamente este jueves, momento en el que los investigadores planean solicitar una extensión de su detención. Cabe destacar que el exjefe de Estado ha hecho historia al convertirse en el primer presidente surcoreano en ser arrestado, y ahora espera una decisión del Tribunal Constitucional sobre su destitución, que acapara la atención de la nación.

En un video que fue grabado y divulgado tras su arresto, Yoon manifestó que había “decidido aceptar comparecer para evitar un derramamiento de sangre”, aunque subrayó que considera la investigación como “ilegal”. En su defensa, insistió en que la declaración de la ley marcial fue un “ejercicio de autoridad presidencial” con el propósito de enviar una advertencia al principal partido opositor en medio de una “crisis nacional”.

A diferencia de su primer intento de arresto, el personal del Servicio de Seguridad Presidencial mostró una actitud menos combativa esta vez, lo que facilitó la ejecución de la orden. “Hoy prácticamente no hubo enfrentamientos físicos”, comentó un agente de la oficina anticorrupción a los medios de comunicación, subrayando la diferencia en la respuesta de las autoridades en este episodio tenso de la historia política de Corea del Sur.