En un giro inesperado que ha sacudido las filas del Partido Popular (PP), algunos de sus dirigentes se encuentran en una encrucijada al tener que justificar la reciente decisión de apoyar el nuevo decreto ómnibus del Gobierno, un pacto sellado con Junts. Hay quienes señalan que se verá la necesidad de hacer "pedagogía" para explicar este cambio de postura y advierten que Vox no tardará en jugar sus cartas políticas para capitalizar esta situación.

Desde el pasado 29 de enero, fecha en la que el BOE anunció la aprobación del decreto por parte del Consejo de Ministros, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, comunicó de manera oficial su apoyo. Este anuncio tomó por sorpresa a varios miembros del partido, quienes recordaron que solo una semana antes habían votado en contra de este mismo texto en el Congreso, criticando la entrega de un palacete en París al PNV y la inclusión de medidas que, en su opinión, favorecen la ocupación ilegal de viviendas.

La contradicción entre su postura previa y la actual ha dejado un aire de desconcierto en el seno del PP. "Nos ha descolocado completamente", afirmaron fuentes cercanas al partido a Europa Press, evidenciando que las razones que llevaron al voto negativo siguen vigentes en el nuevo decreto. Las mismas fuentes mencionaron que el temor por la "inquiokupación" persiste y que esa es una cuestión que les seguirá persiguiendo, a pesar de cualquier esfuerzo por explicar el cambio de rumbo.

El nuevo decreto, aunque incluye algunas demandas del Partido Popular, como la revalorización de pensiones y ayudas para los afectados por desastres naturales, también mantiene elementos que antes habían sido motivo de rechazo, como la controversia en torno al palacete de París. Este inmueble, expropiado por la Gestapo y utilizado en el pasado por el régimen de Franco, ahora es parte de un debate que ha polarizado la opinión entre los populares.

La comunicación del partido a través de las redes sociales ha dejado entrever las tensiones internas, con mensajes que combinan afirmaciones de apoyo a programas como el aumento de pensiones, pero que también se enfrentan a la realidad del "chantaje" del gobierno socialista. Esta dualidad en el discurso ha generado cuestionamientos entre algunos miembros sobre la efectividad de su estrategia de comunicación.

Frente a esta situación, algunos líderes dentro del PP sostienen que el cambio de posición requiere de un esfuerzo considerable para explicar a la base del partido cuál es el nuevo enfoque ante el panorama político. La presión aumenta al registrar que Vox, la principal fuerza de oposición de derecha, está lista para atacar a Feijóo, reclamando que su partido ha capitulado ante las exigencias del gobierno de Sánchez.

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, no ha tardado en declarar que su formación no tiene miedo de desafiar al Gobierno, instando a oponerse sin complejos a sus políticas. Esta postura reafirma la idea de que las desavenencias entre los partidos de derecha están cada vez más a flor de piel, y Vox planea capitalizar el descontento generado por las decisiones del PP.

A pesar de que algunos en el PP reconocen que su voto a favor del decreto puede parecer contradictorio, la cúpula del partido ha relacionado esta decisión con la necesidad de combatir la narrativa del Gobierno, que les pinta como opositores al aumento de pensiones. "El sí ahora tiene más sentido que hace una semana", argumentan fuentes dentro del partido.

Desde el equipo de Feijóo, se ha subrayado que apoyar este decreto es fundamental para no dar pie al relato del Gobierno de que el PP no está dispuesto a respaldar la revalorización de pensiones. Este mensaje ha sido reiterado en diferentes plataformas, donde se alega que su voto tiene como objetivo proteger los intereses de los ciudadanos frente a lo que consideran una "incompetencia" del Gobierno.

Como respuesta a las críticas de Vox, la alta dirección del PP ha declarado que su compromiso con el sentido de estado es prioritario y que no quieren que la ineficiencia del Ejecutivo perjudique a los ciudadanos. Además, han dejado claro que continuarán defendiendo la Ley Antiokupación y que no apoyan la "cesión" del emblemático palacete al PNV.