Entre 2021 y 2022, las fundaciones vinculadas a partidos políticos gestionaron un total de 12,87 millones de euros, siendo la gran mayoría de estas aportaciones provenientes de las mismas formaciones políticas.

En un informe reciente del Tribunal de Cuentas, se revela que estas entidades se disputaron significativas sumas de dinero, destacando la Fundación Concordia y Libertad del Partido Popular como la que recibió mayores subsidios, y la Fundación Disenso de Vox, bajo la presidencia de Santiago Abascal, como la que atrajo más donaciones privadas, la mayoría procedente de su propio partido. Por otro lado, la Fundación Pablo Iglesias del PSOE continúa mostrando un estado financiero preocupante, acumulando deudas.

Este informe, que abarca el análisis de 28 fundaciones y ocho entidades asociadas a partidos políticos en 2021, así como un par de estas organizaciones menos en 2022, pone de manifiesto el uso de 4,93 millones de euros en subvenciones públicas, distribuidas con 2,39 millones en 2021 y 2,53 millones en 2022. La Fundación Concordia y Libertad se destaca en este ámbito, recibiendo cerca de dos millones de euros en este período. Cabe destacar que la FAES, fundada por José María Aznar, ya no figura en el reporte tras desvincularse del PP y optar por operar de forma independiente.

Por otro lado, aproximadamente 7,93 millones de euros fueron obtenidos a través de donaciones privadas y contribuciones de los partidos. La Fundación Disenso es la que más fondos consiguió, con más de cinco millones de euros en total en los dos años analizados, gracias a transferencias provenientes de Vox.

También resalta la Fundación Sabino Arana del PNV, la cual recibió 1,42 millones de euros, sumando donaciones y subsidios. En contraposición, el Tribunal de Cuentas identificó siete fundaciones que cerraron el año 2022 con déficit, siendo la Fundación Pablo Iglesias del PSOE la más notable, con un saldo negativo de 2,25 millones de euros, a pesar de haber recibido 1,38 millones en ayuda durante el análisis de estos dos años.

Aparecen igualmente cifras preocupantes para la Fundación Eduardo Obregón del PRC, que presentan un déficit de 26.899 euros, y la Sociedad Fundación Elkartu de Eusko Alkartasuna, que está actualmente en proceso de disolución con un saldo negativo que asciende a 709.162 euros.

A pesar de que la mayoría de las fundaciones logran pasar el escrutinio del Tribunal de Cuentas, se identificaron varios incumplimientos, especialmente en relación con las donaciones que ingresaron en cuentas bancarias no designadas exclusivamente para este tipo de transacciones. Ante esto, el Tribunal sugiere establecer un umbral mínimo que obligue a las fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos a notificar las donaciones que reciban de personas jurídicas.

Adicionalmente, el informe indica que menos de veinte entidades presentaron sus cuentas en el plazo estipulado. Se señala a tres fundaciones, incluidas la vinculada a Izquierda Unida, por no cumplir con la obligación de presentar cuentas anuales, lo que constituye un incumplimiento legal grave.

El informe también señala que doce y once fundaciones fueron inactivas en 2021 y 2022, respectivamente, algunas en vías de disolución. El Tribunal exige a los patronatos de estas fundaciones que avancen hacia su disolución en lugar de mantener un estatus pasivo como meros poseedores de activos.

Además, se pone de relieve que solo un pequeño número de fundaciones cumple con el registro requerido en el Ministerio del Interior, sugiriendo que el Gobierno debe llevar a cabo una actualización urgente de dicho registro.

Finalmente, aunque la legislación exige que las fundaciones políticas presenten auditorías anuales de sus cuentas, más de diez de ellas eluden esta responsabilidad, llevando al Tribunal de Cuentas a pedir que se establezca un mínimo de ingresos que garantice el cumplimiento con esta exigencia, aunque todas las auditorías presentadas hasta el momento han sido aprobadas sin objeciones.