El Partido Popular ha exigido que la ministra de Justicia, Pilar Llop, aclare en el Pleno del Congreso si el Gobierno llevará a cabo una nueva reforma del delito de malversación, siguiendo la propuesta formulada por Bruselas, o si ignorará la iniciativa comunitaria. Esta interrogante ha sido planteada específicamente por el portavoz del PP en la Comisión de Justicia, Luis Santamaría.

La Comisión Europea ha propuesto una pena máxima de al menos cinco años para los casos de malversación en toda la UE, lo que obligaría a España a reformar nuevamente el delito de malversación, después de haber realizado una modificación por acuerdo entre el PSOE y ERC, lo que ha reducido las penas en ciertos casos.

La reforma mencionada entró en vigor el pasado 12 de enero y mantuvo la definición clásica de malversación en el artículo 432 del Código Penal, con las mismas penas (de 2 a 12 años de prisión y de 6 a 20 de inhabilitación), pero aclarando que debe existir "intención de lucro" por parte de la autoridad o funcionario público "que se apropie o permita que un tercero, con la misma intención, se apropie de la propiedad pública que esté a su cargo por razón de sus funciones o en ocasión de las mismas".

Además, se crearon dos nuevas definiciones atenuadas de malversación: una por "el uso privado del patrimonio público confiado a su cargo por razón de sus funciones o por ocasión de las mismas", sin intención de apropiárselo, con penas que oscilan entre los 6 meses y los 3 años de prisión, más inhabilitación de 1 a 4 años; y otra para los casos en los que "sin estar comprendido en los artículos anteriores, la autoridad o funcionario público dará al patrimonio público que administre una aplicación pública distinta a la que estaba destinada", con penas de 1 a 4 años de cárcel y de 2 a 6 años de inhabilitación.

Desde el PP, se sostiene que la propuesta de la UE pone de manifiesto que el Gobierno mintió cuando argumentaba que el propósito de la última reforma del delito de malversación era simplificar la legislación española con la europea. Por ello, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido los votos de su partido para modificar el Código Penal conforme a lo que ha propuesto Bruselas y ha afirmado que si el PSOE no acepta el cambio, él lo llevará a cabo cuando llegue a la Moncloa.

El Gobierno, en cambio, afirma que la propuesta de la Comisión Europea persigue el mismo objetivo que la reforma de diciembre de este delito. Según la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, España es un país "cumplidor" con las directrices comunitarias y, asimismo, colaborará en esta ocasión.