El Ejecutivo de Portugal ha presentado una propuesta para constituir una comisión de investigación con un plazo de quince días, pero la misma ha sido desestimada por el Partido Socialista (PS), que argumenta que no permite un análisis adecuado de la situación.

En un desenlace previsto, el primer ministro, Luís Montenegro, no logró obtener el apoyo del Parlamento en una cuestión de confianza que surgió a raíz de cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés ligados a sus negocios familiares. Esta situación abre la puerta a la celebración de nuevas elecciones, las cuartas en cinco años y medio en el país.

Montenegro enfrentó así la oposición unificada de partidos como el PS, Chega, Bloco de Esquerda, el Partido Comunista, Livre y PAN, mientras su partido, el PSD, junto con el CDS y los liberales, fueron los únicos que respaldaron su liderazgo.

A pesar de las advertencias de la oposición, particularmente del PS, de que no respaldarían su moción de confianza, Montenegro instó al Parlamento a priorizar la “estabilidad” y sugirió suspender la sesión para ofrecer más detalles sobre su situación.

El primer ministro reiteró su disposición a explicar más a fondo su postura, sugiriendo que el interés de la transparencia debería prevalecer. En semanas recientes, había sorteado intentos de censura por parte de la ultraderecha y el Partido Comunista sin mayores contratiempos.

Montenegro reafirmó que no ha incurrido en ningún delito, mostrándose abierto a rendir cuentas en una eventual comisión de investigación que el Parlamento decida establecer, sosteniendo que su conciencia está tranquila porque “quien no debe nada, nada teme”.

Durante el debate, defendió su necesidad de plantear la cuestión de confianza, argumentando que solo así se puede evitar el deterioro político en Portugal. Reiteró su compromiso con la verdad y la transparencia, aunque solo recibió el apoyo de sus aliados conservadores y liberales, que suman una escueta representación en el Parlamento.

El trasfondo de esta crisis política radica en las revelaciones sobre Spinumviva, una empresa vinculada a Montenegro que actualmente es gestionada por su familia y ha recibido pagos de empresas donde él había trabajado anteriormente.

Curiosamente, el debate se centró en las exigencias del PS para que Montenegro retire su cuestión de confianza y se someta a una investigación parlamentaria. El Gobierno, sin embargo, defiende su derecho a ser evaluado por la Asamblea y pide que la oposición se abstenga de oponerse.

Montenegro se mostró dispuesto a colaborar con el PS y manifestó que retiraría su cuestión de confianza si los socialistas especificaban la información que buscaban. La respuesta del líder socialista, Pedro Nuno Santos, fue clara: las aclaraciones deben realizarse en público, desestimando así una propuesta de reunión privada.

El Ejecutivo intentó, en un último esfuerzo, presentar una comisión de investigación de quince días, que fue rechazada por el PS, quien argumentó que dicho periodo no permite un “escrutinio serio” de la situación.

La portavoz del PS, Alexandra Leitao, subrayó que el tiempo planteado por su partido, de 90 días, es más adecuado, y criticó a Montenegro por intentar definir el ámbito de la investigación. Este es el duodécimo intento de cuestión de confianza bajo la actual democrática, y el segundo que fue denegado, destacando la inestabilidad política en Portugal desde 2019.

Los portugueses se preparan, por tanto, para participar en unas elecciones, previsiblemente en mayo, marcando el cuarto ciclo electoral en un lapso breve de tiempo. Mientras tanto, Montenegro, quien llegó a la jefatura del Gobierno tras una crisis sin resolver que llevó a la renuncia de António Costa, ha afirmado su intención de postularse nuevamente.