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Podemos propone expropiar 650.000 pisos de fondos buitre para alquiler social

Podemos propone expropiar 650.000 pisos de fondos buitre para alquiler social en medio de debate sobre el decreto de vivienda y reformas estructurales.

Redacción automática · Crónica España 2 min de lectura

La dirección de Podemos ha criticado duramente el decreto de vivienda en negociación, calificándolo de "maquillaje". La formación aboga por una medida radical: la expropiación de 650.000 inmuebles en manos de fondos de inversión y bancos. Esta propuesta busca destinar estos pisos a alquiler social y afrontar la crisis habitacional.

El debate surge en un contexto de aumento de desahucios y desigualdad en el acceso a la vivienda, que ha puesto en evidencia la insuficiencia de las medidas actuales del Gobierno. La polémica se ha intensificado tras el desahucio de una anciana en Madrid, que ha puesto en primer plano la necesidad de cambios estructurales en el sistema de vivienda.

Desde el Ejecutivo, la propuesta de Podemos choca con la postura del PSOE, que mantiene una visión más moderada, vinculada a reformas legales y regulación del mercado. La tensión refleja también la disputa interna en el Gobierno de coalición, en un momento de negociaciones sobre el decreto y reformas en la Ley del Suelo.

El apoyo de Sumar a la expropiación y las presiones para que el Consejo de Ministros apruebe estas medidas demuestran la intención de ampliar el alcance de las políticas en vivienda. Sin embargo, la oposición de los sectores económicos y financieros que defienden la propiedad privada genera un escenario de difícil consenso político.

Este debate revela las profundas implicaciones de una política de expropiaciones en un contexto de crisis social y económica. La propuesta de Podemos busca marcar un cambio de rumbo, enfrentándose a intereses económicos poderosos y a un modelo de mercado que muchos consideran insostenible.

El futuro del decreto dependerá del equilibrio de fuerzas en el Ejecutivo y del apoyo del Congreso. La discusión sobre la vivienda seguirá siendo un eje central en la agenda política, con posibles repercusiones en las próximas elecciones y en la configuración del panorama político en España.

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