Perú avanza hacia una justicia exclusiva para policías y militares en delitos en ejercicio

El Congreso peruano aprobó en primera instancia un proyecto de ley que establece que los delitos cometidos por fuerzas policiales y militares en el cumplimiento de sus funciones serán juzgados únicamente por tribunales militares y policiales. La iniciativa cuenta con 60 votos a favor, frente a 34 en contra y 10 abstenciones, y requiere una segunda votación y la promulgación del Ejecutivo para entrar en vigor.

Este movimiento legislativo se produce en un contexto de alta tensión política, marcado por la contienda electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La propuesta ha sido defendida por partidos de derecha, como Fuerza Popular y Renovación Popular, que argumentan que busca garantizar una justicia más especializada y comprender mejor la labor de las fuerzas del orden.

Por otro lado, la oposición, representada principalmente por bancadas de izquierda, denuncia que la medida vulnera el principio de igualdad ante la ley. La congresista Susel Paredes considera que otorga un estatus privilegiado a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, lo que podría limitar la responsabilidad judicial en casos de delitos.

El proyecto de ley implica que, en caso de delitos relacionados con sus funciones, militares y policías no podrán ser investigados en tribunales civiles si ya existe una vía judicial militar o policial. Esto busca reducir la doble vía judicial y favorecer una justicia especializada en seguridad.

El contexto político en que se debate esta normativa refleja también la tensión derivada de las elecciones presidenciales y las manifestaciones sociales en apoyo a la candidatura de Sánchez. La ley, si se promulga, marcará un cambio en la estructura judicial del país, además de abrir un debate sobre los límites del poder militar y policial en el sistema judicial peruano.

De cara al futuro, su implementación podría afectar la percepción pública sobre la igualdad ante la ley y la responsabilidad de las fuerzas del orden, en un momento en que Perú enfrenta desafíos en materia de seguridad y derechos constitucionales.