En un desarrollo reciente desde Portland, Oregón, las autoridades de esta ciudad han decidido emprender acciones legales contra la Administración Trump. Este movimiento se desencadena por el despliegue de fuerzas militares por parte del Gobierno federal como parte de su estrategia para restaurar el orden en varias ciudades que enfrentan disturbios y violencia.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, comunicó a través de un video en sus redes sociales que la demanda fue presentada con urgencia para salvaguardar los principios y valores del estado. “Hoy, a la 1:00 PM hora local, hemos tomado esta medida para proteger a Oregón,” declaró Rayfield, reflejando la seriedad con la que aborda la situación.

Rayfield criticó vehementemente al presidente Trump, acusándolo de sobrepasar los límites de su autoridad. Sorprendido por la rapidez del despliegue, el fiscal informó que fueron notificados por el Gobierno federal solo seis horas antes de iniciar el proceso legal.

En su relato, el fiscal explicó que la oficina del gobernador había advertido a su equipo sobre la invocación del Título 10, que permitiría el uso de la Guardia Nacional de Oregón en Portland. A pesar de que la posibilidad de esta acción había sido discutida previamente, el anuncio formal por parte de Trump llegó como un rayo inesperado.

El presidente Trump, mediante su red social Truth Social, justificó la movilización argumentando que respondía a una solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Además, mencionó que varias instalaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) estaban bajo asedio por lo que calificó como “antifas y otros terroristas domésticos,” acentuando la gravedad del desorden en las calles.

Aunque Trump ha autorizado intervenciones similares en otras ciudades, el uso de la expresión “fuerza total” en este contexto marca un nuevo capítulo en su política de seguridad interna, lo que no ha pasado desapercibido en el análisis crítico de la situación actual en Estados Unidos.