El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la situación en Senegal, donde más de 15 personas han muerto y 350 han resultado heridas en el marco de una serie de protestas en las que unas 500 personas han sido detenidas. Todo esto ha sido consecuencia de la condena a dos años de cárcel del líder opositor Ousmane Sonko.

Seif Magango, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha subrayado que "el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas sienta un precedente negativo en Senegal", antes de pedir que las investigaciones abiertas por Dakar son "rápidas, independientes y exhaustivas". Por ello, ha hecho hincapié en que "es responsabilidad de las autoridades senegalesas preservar el respeto de larga data a las tradiciones democráticas y el Estado de Derecho mediante unas garantías a los derechos a la libertad de asamblea y expresión, así como la de información, permitiendo que los periodistas puedan ejercer su profesión de forma libre y segura, especialmente en la previa a las presidenciales de 2024".

Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF), encabezado por Sonko, denunció más de 20 muertos por la represión de las protestas y reclamó a las autoridades que libere a "más de 700 presos políticos".

En respuesta a las protestas, el tribunal de gran instancia de Dakar ha abierto un proceso judicial contra 410 personas que fueron detenidas durante las violentas protestas de junio. Están acusados por asociación criminal, participación en un movimiento insurreccional, actos violentos que dañan a las personas o sus bienes, así como por maniobras susceptibles de comprometer la seguridad pública.

El presidente de Senegal, Macky Sall, ordenó la apertura de investigaciones "inmediatas y sistemáticas" en el marco de las manifestaciones que tuvieron lugar tras la condena contra el líder opositor, una decisión adoptada "ante la desproporcionada gravedad de los hechos".

El caso contra Sonko por presunta violación fue abierto en marzo de 2021, cuando la detención del opositor derivó en unas protestas por parte de sus seguidores que se saldaron con 15 muertos e importantes daños materiales. La Constitución senegalesa limita a dos el total de mandatos y un intento por prorrogar su estancia en el poder podría derivar en inestabilidad, si bien el mandatario ha defendido que sería legal que se presentara a las urnas, extremo que aún no ha confirmado.

Las restricciones sobre la libertad de expresión y asamblea pacífica al hilo de las protestas han sido un tema de preocupación constante, especialmente después de la suspensión de una cadena de televisión que estaba cubriendo las manifestaciones en directo sin una justificación legal clara. Además, el internet fue limitado entre el 1 y el 6 de junio con el objetivo declarado de impedir la difusión de "mensajes subversivos y de odio".

Naciones Unidas ha pedido investigaciones "independientes y exhaustivas" sobre los incidentes y ha reclamado a las autoridades senegalesas que "todos los responsables de un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza rindan cuentas, independientemente de su estatus y afiliación política".