El 14 de enero, en Madrid, la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha expresado su firme desacuerdo con la reciente decisión del Gobierno de prorrogar la suspensión de desahucios y lanzamientos a través de un Real Decreto-ley. Esta medida, que estará sujeta a votación el 27 de enero, ha sido criticada por la organización, que la considera un intento estratégico de mezclarla con un aumento de pensiones para el año 2026 y otras políticas dentro del denominado "escudo social".

La plataforma ha denunciado lo que califica como una "estrategia legislativa engañosa", argumentando que el Ejecutivo busca proteger a los ocupas y a los que se instalan ilegalmente en propiedades ajenas, dejando desprotegidos a los pequeños propietarios. La organización ha afirmado que el Gobierno no asume la responsabilidad ante las familias en situación vulnerable, y con esta nueva prórroga planea extender la paralización de desahucios hasta finales de 2026, lo que llevaría a un prolongado estado de excepción que se originó como medida temporal durante la crisis sanitaria de 2020.

Además, critican que la falta de recursos económicos y un fondo de compensación ágil para enfrentar esta prórroga impone el costo de mantener la "paz social" sobre aquellos ciudadanos que poseen una única vivienda en alquiler. Se enfatiza la inadmisibilidad de que el Gobierno se autodenomine protector de los más desfavorecidos, mientras "usurpa las casas de otros". La plataforma destaca que la ausencia de inversión en vivienda pública y soporte a servicios sociales implica que el Ejecutivo no está realmente ayudando a nadie, sino perpetuando un conflicto que afecta a pequeños propietarios y fomenta la ocupación ilegal.

Por otra parte, se sostiene que al incluir esta prórroga en un decreto ómnibus, el Gobierno busca manipular la voluntad de otros partidos y evitar que cada medida se debata y vote de manera autónoma. Esto obligaría a los partidos políticos a decidir entre respaldar ayudas sociales esenciales o mermar la propiedad privada, lo que genera un dilema ético y político complicado.

La organización subraya que este decreto impacta principalmente a las familias trabajadoras que poseen una única vivienda en alquiler, que representan el 93,4% del mercado de alquiler en España. “No se puede permitir que se usurpe el uso de la vivienda de aquellos que dependen de esa renta para sobrevivir”, argumentan, haciendo un llamado a los grupos parlamentarios a rechazar el decreto en la próxima votación.

Desde su perspectiva, la mejor forma de obligar al Gobierno a reconsiderar su postura sobre la paralización de desahucios es votar en contra de la norma, separando claramente las cuestiones de vivienda de las medidas sociales. Solo así se podrá abordar la crisis habitacional de manera efectiva sin perjudicar a los ciudadanos que actúan como escudo social ante la inacción gubernamental.

Por último, la plataforma recalca que el bienestar social jamás debe construirse a expensas del derecho a la propiedad. Abogan por la adopción de políticas públicas responsables, como ayudas directas para el alquiler o la reubicación en viviendas de titularidad pública, y hacen un último llamamiento a la coherencia y justicia para con el 93,4% de pequeños propietarios que actualmente sufren las consecuencias de un decreto que les obliga a cargar con el peso de la crisis social.