En una sorprendente vuelta de los acontecimientos, Alberto González Amador, compañero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido tomar medidas legales contra figuras clave del sistema judicial español. González Amador ha instado al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, a llevar a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, por presuntamente haber revelado información confidencial de manera indebida.

En su comunicación formal, a la que ha tenido acceso la prensa, González Amador argumenta que las acciones de García Ortiz y Rodríguez constituyen un ataque directo a la confidencialidad que se espera de dichos funcionarios, proponiendo que se enfrenten a un procesamiento por un delito de revelación de secretos. Afirma que dichas revelaciones habrían ocurrido entre el 7 y el 14 de marzo de 2024, un periodo que plantea cuestiones serias acerca de la integridad de la Fiscalía.

El texto subraya la gravedad de la situación, ya que sostiene que es "inconcebible" que las autoridades encargadas de mantener la justicia y la ley actúen de una manera tan contraria a sus obligaciones fundamentales de mantener el secreto y la reserva. González Amador critica lo que considera un "apartamiento" de las normas que deberían regir los actos del Ministerio Público, enfatizando la necesidad de un comportamiento más acorde con el principio de sigilo que caracteriza a estos funcionarios públicos.