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Nogueras matiza postura de Junts sobre prórroga de alquileres en España

Nogueras aclara que Junts no se opone a prorrogar alquileres, pero critica errores en el decreto del Gobierno y pide medidas fiscales adicionales.

Redacción automática · Crónica España 2 min de lectura

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha aclarado que su partido no se opone a prorrogar contratos de alquiler en casos complicados. La declaración llega tras una posición anterior que generó confusión sobre su postura en relación con el decreto de vivienda del Gobierno.

El Gobierno presentó un decreto que permite a los inquilinos prorrogar sus contratos por dos años, pero Nogueras ha señalado que algunos artículos del texto son jurídicamente inaplicables y que su formación pide correcciones. Además, ha destacado que la ley ya prevé una prórroga de hasta tres años, y que deben añadirse medidas fiscales para alquileres e hipotecas.

Desde el ámbito político, la postura de Junts refleja una crítica a la gestión del Ejecutivo en materia de vivienda. La coalición cuestiona la efectividad de las políticas del PSOE y Sumar en los últimos años, argumentando que la situación habitacional ha empeorado desde la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023.

En el trasfondo, la tensión entre los partidos responde a una lucha por la agenda política y la percepción de quién tiene la responsabilidad de solucionar la crisis habitacional. La crítica también apunta a que el Ejecutivo legisla sin suficiente consenso parlamentario, lo que alimenta el debate sobre la legitimidad de sus acciones.

De cara al futuro, la polémica subraya la dificultad para aprobar reformas en un escenario político fragmentado. La oposición y los partidos independentistas como Junts continúan exigiendo mayor participación parlamentaria y un enfoque más riguroso en las políticas de vivienda, en un contexto de creciente preocupación social por el acceso a la vivienda.

El debate continúa abierto, y las próximas semanas serán decisivas para definir si el Gobierno realiza cambios sustanciales en su política de vivienda o mantiene su enfoque actual, en un momento en que la crisis habitacional sigue siendo uno de los principales desafíos políticos en España.

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