En un giro legal sorprendente, el reconocido productor musical Nacho Cano ha decidido llevar ante el tribunal a la jueza Inmaculada Iglesias, acusándola de prevaricación en relación con la investigación que ella misma lideró contra él por supuestas irregularidades en su espectáculo 'Malinche'. Este es un paso que subraya la tensión y controversia que ha rodeado el caso desde el principio.

De acuerdo con documentos judiciales a los que ha tenido acceso Europa Press, Cano ha presentado una solicitud formal para que la magistrada sea considerada como querellada. La acusación de prevaricación podría conllevar severas consecuencias, incluyendo una multa que podría variar entre doce y veinticuatro meses, además de una posible inhabilitación para ejercer cargos públicos que podría durar de diez a veinte años.

El escrito también incluye una grabación de la declaración de una subinspectora de trabajo, que realizó un informe crucial tras una inspección el 27 de junio de 2024. Este informe fue determinante para archivar provisionalmente el caso que pesaba sobre Cano, lo que añade más dimensión a la controversia en el proceso judicial.

Cabe destacar que esta acción legal se presenta tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de archivar el caso, ya que los magistrados concluyeron que no existían evidencias suficientes para afirmar que los implicados intentaran traer a México de manera clandestina a los artistas que representaban el musical en España.

La Sala consideró que la información disponible no apuntaba a la existencia de un delito en contra ni de los derechos de los trabajadores ni de los extranjeros. Además, se hizo hincapié en que el asunto requería un análisis administrativo que iba más allá de las funciones del Juzgado en cuestión.

En su defensa, los abogados de Cano argumentan que la base del atestado policial que originó la causa se fundamentó en conceptos erróneos, como la incorrecta aplicación de la legislación vigente y la incorrecta clasificación de los estudiantes como trabajadores ilegales. Este argumento es fundamental para construir su caso y demostrar las irregularidades que rodean al proceso.

Los letrados enfatizan que el atestado está repleto de irregularidades y denuncian que las actuaciones policiales parecían tener como único objetivo la detención de Cano, dejando entrever un trasfondo de coacciones y amenazas. Además, han señalado un total de diecisiete denuncias ligadas a estos delitos, lo que complica aún más la situación.

Los abogados de Cano también han expresado dificultades significativas para ejercer su derecho a la defensa, como lo estipula la Constitución. Se quejan de que las solicitudes para acceder a pruebas relevantes han sido sistemáticamente denegadas, y critican la aparente falta de imparcialidad de la jueza en este caso, planteando dudas sobre la conducción del proceso judicial.