La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una multa de 160 millones de euros para la empresa Duro Felguera y dos de sus expresidentes en relación con presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela. En el escrito de acusación, se pide también una pena de 8 años y 9 meses de prisión para el exviceministro venezolano Nervis Villalobos, junto con una multa de 3,6 millones de euros.

Los fiscales del caso, José Grinda y Juan José Rosa, señalan que la investigación se centra en 11 personas físicas y una jurídica, y destacan la colaboración activa de uno de los exviceministros venezolanos procesados, Javier Ochoa Alvarado. Por esta colaboración, solicitan una pena de 3 meses de cárcel y una multa de 1,6 millones de euros.

Para los expresidentes de la empresa española, Ángel Antonio del Valle y Juan Carlos Torres, se solicitan penas de 10 años y 4 meses, junto con inhabilitación para obtener subvenciones y contratar con el sector público durante 2 años.

Además, se pide una pena de 2 años y multa de 1,5 millones para María Consuelo Pardí, exmujer de Ochoa Alvarado, y 2 años y 9 meses para la esposa de Villalobos, Milagros Coromoto Torres.

Los delitos imputados incluyen corrupción en transacciones comerciales internacionales, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales. La investigación se remonta a 2009, cuando Venezuela enfrentaba una crisis energética y decidió construir la central termoeléctrica 'Planta El Sitio' con la ayuda de Duro Felguera.

La Fiscalía sostiene que la empresa española realizó pagos a funcionarios venezolanos para obtener la adjudicación del proyecto. Se detalla que se pagaron al menos 105,6 millones de dólares a Villalobos a través de sociedades interpuestas para favorecer los intereses de la empresa. Estos pagos habrían permitido a Duro Felguera obtener un contrato de 1.500 millones de dólares.

Por su parte, fuentes de la empresa han negado cualquier actuación ilegal, argumentando que todas sus acciones estaban en conformidad con las normas legales y los compromisos contractuales. Aseguran que no hay evidencia que los incrimine en ningún hecho delictivo, respaldado por informes periciales de expertos independientes.