El acuerdo entre el PSC y ERC ha sido presentado como una extensión de lo establecido en el Estatuto de Cataluña, respaldado por el Tribunal Constitucional.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que el pacto con ERC para una financiación específica en Cataluña busca garantizar un nivel equitativo de servicios públicos en todas las comunidades autónomas, siempre y cuando estas también realicen un esfuerzo fiscal similar.

Montero ha subrayado que el acuerdo establece una contribución de Cataluña al Estado a través de un porcentaje de participación en los tributos, promoviendo la solidaridad y la igualdad en los servicios prestados por las distintas Administraciones autonómicas.

Según la ministra, el sistema propuesto se asemejaría al actual modelo de financiación autonómica, instando a las comunidades a esforzarse fiscalmente para equiparar los niveles de servicios públicos.

LA AGENCIA TRIBUTARIA CATALANA

En su discurso ante el Senado, Montero ha destacado que Cataluña asumirá la recaudación total de los impuestos a través de su Agencia Tributaria, según lo acordado con ERC para respaldar la presidencia de Salvador Illa en la Generalitat.

Además, ha enfatizado que la contribución catalana al Estado incluirá el coste de sus servicios en términos de financiación, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía catalán y validado tanto por el Tribunal Constitucional como por la Constitución.

La ministra ha defendido el acuerdo como un paso para avanzar en el autogobierno y reforzar la solidaridad entre regiones, en línea con el federalismo.

CONTRA EL PP

Montero ha criticado al PP por forzar su comparecencia en el Senado para explicar el pacto con ERC, rechazando las acusaciones de "secesionismo fiscal" y confrontación territorial por parte de los 'populares'.

En su intervención, Montero ha acusado al PP de utilizar a Cataluña como herramienta de confrontación política en lugar de avanzar en el diálogo y el desarrollo del país.

La ministra ha reafirmado la importancia de los recursos destinados por el Gobierno a las comunidades autónomas durante el mandato de Pedro Sánchez, aunque ha señalado la necesidad de reformar el modelo de financiación en el futuro.