El Comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha destacado la economía sostenible como "vía a la competitividad" y ha defendido la misma protección a los consumidores online que offline. Los ministros de Consumo de la UE se reunieron en Bilbao para discutir la necesidad de actuar desde las políticas de consumo en la lucha contra el cambio climático.

Rafael Escudero, secretario general de Consumo y Juego del Gobierno de España, informó que durante la reunión se discutió la nueva Agenda del Consumidor, que busca proteger a los consumidores y promover un modelo de consumo sostenible. También se debatieron pasos legislativos y no legislativos, como la directiva sobre empoderamiento de consumidores en la transición ecológica que se espera sea aprobada en septiembre bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Por su parte, Reynders resaltó los avances en transformación digital y verde en la Agenda del Consumidor. Destacó la importancia de ofrecer la misma protección a los consumidores online que a los offline, especialmente ante el aumento de préstamos a través de internet durante la pandemia. Además, hizo hincapié en la necesidad de una economía sostenible como vía hacia la competitividad de las empresas.

La reunión también se centró en los pasos a seguir para promover el consumo sostenible, que es una prioridad para la presidencia española y el ministerio de Consumo del Gobierno español. Se discutieron propuestas legislativas como la directiva sobre el empoderamiento de consumidores en la transición y el derecho a reparar. Reynders destacó la importancia de cerrar estos expedientes bajo la presidencia española y de implementar adecuadamente las legislaciones en colaboración con la red europea de cooperación para la protección de los consumidores.

En conclusión, la reunión de ministros de Consumo de la UE en Bilbao se centró en la promoción de un consumo sostenible y en la protección de los consumidores online y offline. También se resaltó la importancia de una economía sostenible como vía hacia la competitividad de las empresas y se destacó la necesidad de implementar adecuadamente las legislaciones en colaboración con las redes de protección de los consumidores.