La subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ha aclarado que el Gobierno no recibió la solicitud para activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil hasta el 8 de noviembre, a pesar de que se produjo una dana significativa el 29 de octubre. En este contexto, la Comunidad Valenciana, liderada por Carlos Mazón, fue la responsable de realizar dicha solicitud.

Durante una sesión de la Comisión Mixta para la UE, que incluye a diputados y senadores, Crisóstomo destacó que el Ejecutivo no desestimó ninguna oferta de ayuda. Como afirmación relevante, apuntó que, después de que el Gobierno valenciano declarara el nivel 2 de emergencia, esta administración asumía la dirección de la respuesta ante la catástrofe.

Según la subsecretaria, el manejo y la dirección de emergencias bajo el nivel 2 son responsabilidad exclusiva de la autoridad autonómica de Protección Civil, conforme a la normativa vigente. Asimismo, argumentó que desde el primer momento, el Gobierno ofreció todo el apoyo y asesoramiento necesario a la Comunidad Valenciana.

Crisóstomo explicó que el Mecanismo Europeo de Protección Civil solo puede activarse mediante una solicitud específica de la administración autonómica. En el caso del incidente, el 30 de octubre se comunicó a la Generalitat que el mecanismo podía ser activado si los recursos estatales y autonómicos no eran suficientes.

No obstante, fue solo el 8 de noviembre cuando la Generalitat presentó su petición, concretamente después de las 20:00 horas, y en cuestión de dos horas, el mecanismo ya estaba activo tras la recepción de la solicitud.

Con respecto a la decisión de aceptar únicamente la ayuda de Portugal y Francia, a pesar de las ofertas de otros cuatro países (Lituania, Rumanía, Suecia y Bélgica), Crisóstomo indicó que se prefirió la colaboración de pocos países con mayor capacidad de respuesta.

El diputado de Vox, Carlos Flores Juberías, quien formuló la pregunta al Gobierno, calificó de "torpeza política" la tardía activación de los mecanismos europeos tras una tragedia de tal magnitud. Agregó que algunos podrían considerar esta situación como "negligencia criminal".

Flores Juberías criticó que la postura del Gobierno fuera señalar que la responsabilidad recaía en la comunidad autónoma, mencionando que nadie en el Ejecutivo, desde el delegado del Gobierno hasta el presidente Sánchez, parecía notar la urgencia de activar el mecanismo, especialmente tratándose de relaciones internacionales que son competencia del Gobierno.

Además, el diputado lamentó que mientras la ayuda no llegaba, las víctimas seguían bajo los escombros. Se cuestionó si el Gobierno estaba esperando una "llamada telefónica" para actuar, enfatizando que no se trata de una gestión responsable.

En su intervención, el diputado subrayó que eludir problemas en una tragedia de tal envergadura podría llevar a implicaciones éticas, jurídicas y hasta penales, dada la gravedad de la situación y la cantidad de personas afectadas.

Crisóstomo coincidió en que el Gobierno tiene la responsabilidad de activar el mecanismo, pero reafirmó que esto solo puede hacerse si hay una solicitud formal de la dirección de la emergencia, es decir, de la Generalitat Valenciana.

Finalmente, comentó que durante las conversaciones subsiguientes a la tragedia, la necesidad de solicitar ayuda se había enfatizado, subrayando que el Gobierno es respetuoso con las normativas que rigen la gestión de emergencias y con el Estado autonómico, lo que guía sus acciones dentro de ese marco.