En el Reino Unido, el número de personas acusadas por respaldar a la ONG pro-palestina Palestine Action, ahora considerada una organización terrorista, ha aumentado a 114. La Policía Metropolitana informó que este lunes se unieron a la lista 47 nuevos individuos, quienes habrían infringido la legislación antiterrorista vigente.

La superintendente Helen Flanagan, jefa de operaciones del Mando Antiterrorista de la Policía Metropolitana, emitió un comunicado reafirmando el derecho a la manifestación pacífica, pero advirtió que esto no exime a nadie de las leyes antiterroristas. Flanagan instó a los ciudadanos a reflexionar antes de participar en manifestaciones a favor de Palestine Action, subrayando los riesgos de ser arrestados y procesados bajo el artículo 13 de la Ley de Terrorismo de 2000, que contempla penas de hasta seis meses de prisión.

Las consecuencias legales no son las únicas preocupaciones para quienes apoyan a este grupo. Los condenados podrían encontrar obstáculos a la hora de entrar en países de la Unión Europea, Japón, Australia o los Estados Unidos. Además, las instituciones académicas podrían denegar su admisión debido a violaciones de la legislación antiterrorista británica.

Desde que se prohibió a Palestine Action el 5 de julio, cientos de activistas han sido arrestados. La ONG Human Rights Watch ha calificado esta medida como un "abuso grave del poder estatal" y ha denunciado un aumento alarmante en los intentos del Gobierno por controlar el derecho a la protesta pacífica.

La decisión de ilegalizar a Palestine Action fue impulsada por el Gobierno del primer ministro laborista, Keir Starmer, tras un incidente en el que varios activistas vandalizaron una base aérea pintando sobre aviones militares, causando daños estimados en 7 millones de libras (alrededor de 8,1 millones de euros).