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Sábado, 17 de octubre de 2026 Edición nacional · Red Crónica
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Marea de protestas en Madrid por el derecho a la vivienda y el decreto Maricarmen

Miles de personas en Madrid exigen el decreto Maricarmen para garantizar el derecho a la vivienda tras el desahucio de una octogenaria con discapacidad.

Redacción · Crónica España 2 min de lectura

Este domingo, unas 500 personas permanecen en la Puerta del Sol de Madrid tras acampar en una treintena de tiendas. La movilización busca presionar la aprobación del "decreto Maricarmen", que el Gobierno tiene previsto debatir en el Consejo de Ministros del martes.

La protesta se origina en la ejecución del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con discapacidad. La convocatoria, que ha reunido a miles en una manifestación anterior, refleja la creciente preocupación social por la crisis habitacional y la percepción de que las políticas públicas favorecen a los fondos de inversión y especuladores inmobiliarios.

Desde el ámbito político, las organizaciones sociales reclaman medidas estructurales, como la renovación automática de contratos y la expropiación de viviendas en manos de fondos buitres. La intención es convertir la vivienda en un derecho garantizado, en contraposición con el carácter mercantil que ha adquirido en los últimos años. La tensión política se intensifica ante la aparente negociación del Ejecutivo con otros grupos parlamentarios para modificar la norma.

El entorno político refleja un escenario de conflicto entre el Gobierno y los partidos de izquierda, que exigen una legislación más protectora y la expropiación de viviendas para alquiler social. La postura del Ejecutivo, que busca una solución rápida, ha generado críticas por priorizar la gestión de la crisis social, en lugar de impulsar reformas profundas en el mercado inmobiliario.

El futuro de la normativa y la continuidad de las movilizaciones dependerán en gran medida de la voluntad política para atender las demandas sociales. La movilización en Madrid y otras ciudades evidencia la presión ciudadana, que podría forzar al Gobierno a adoptar medidas más ambiciosas. La cuestión de fondo sigue siendo el modelo de vivienda en España y su carácter como derecho o bien como negocio.

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