Madrid llevará a la Audiencia Nacional a Puente por no convocar la Conferencia Sectorial en más de tres años

La Comunidad de Madrid ha anunciado que acudirá a la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, por no convocar la Conferencia Sectorial del ramo en más de tres años. La última reunión se celebró en julio de 2022, pese a que la normativa obliga a reunirse cada seis meses.

Este órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas es considerado fundamental para garantizar la coherencia en las políticas de transporte y responder a las necesidades regionales. La Comunidad madrileña ha iniciado formalmente el procedimiento, advirtiendo que, si en 30 días no recibe respuesta, presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

Este conflicto refleja una situación de deterioro en la cooperación institucional en materia de transporte, una problemática que afecta especialmente a la gestión de la red de Cercanías de Madrid. La negativa del Ministerio a convocar la conferencia ha sido interpretada como una señal de desinterés por las demandas regionales, especialmente en inversiones y planificación.

Desde Madrid, se ha subrayado que la falta de reuniones no solo compromete la coordinación técnica, sino que también revela una tendencia a gobernar sin diálogo, lo cual puede tener implicaciones en la calidad del servicio público y en la respuesta conjunta a los desafíos del transporte en la comunidad.

El contexto político de esta disputa se inscribe en una dinámica de tensiones entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, que en los últimos años ha evidenciado dificultades para mantener mecanismos efectivos de cooperación. La situación puede marcar un punto de inflexión en la relación institucional en materia de transporte.

De cara al futuro, la comunidad madrileña espera que esta acción judicial sirva para restablecer un diálogo que, a su juicio, es esencial para abordar las principales problemáticas del sistema y garantizar inversiones y planificación acorde a las necesidades regionales. La resolución del conflicto podría influir en la forma en que se gestionan estas relaciones a nivel nacional.