ALMERÍA, 23 de julio.

Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, quien fuera cruelmente asesinado en 2018 en Níjar, Almería, ha acudido nuevamente al Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad. Esta vez, su presencia se debe a la investigación que se lleva a cabo sobre unas supuestas amenazas lanzadas desde prisión por Ana Julia Quezada, la condenada por el asesinato. En su declaración, Ramírez reafirmó su denuncia y exigió que se esclarezca la situación, manifestando la necesidad de contar con medidas que le proporcionen un entorno más seguro, ya que vive constantemente bajo el temor e incertidumbre.

El 31 de diciembre, Ramírez había presentado una denuncia tras recibir inquietantes llamadas desde números desconocidos que hacían alusión a represalias potenciales de Quezada, quien se encuentra cumpliendo una pena de prisión permanente revisable en Brieva, Ávila. Esta tensión parece originarse por la paralización de un documental que la propia condenada esperaba grabar desde la cárcel.

Al salir del juzgado, Ramírez afirmó con firmeza que se mantiene en su denuncia y se mostró dispuesta a responder a todas las preguntas formuladas. "Confío en que se continúe con la investigación para identificar las medidas de protección adecuadas que me permitan sentirme más tranquila y no ser víctima de situaciones irregulares", expresó con evident preocupación.

La madre de Gabriel también reveló que, luego de interponer la denuncia, ha experimentado nuevas amenazas, incluyendo llamadas desde el extranjero. Mencionó que ha recibido información de múltiples fuentes sobre el descontento de Quezada hacia ella, y agregó que incluso hay rumores que sugieren que la condenada tiene acceso a recursos financieros y conexiones con personas fuera de la prisión.

Por su seguridad, Ramírez ha decidido reducir su presencia en actos públicos y ha optado por permanecer en su hogar en entornos que considere seguros. "La estrategia más sencilla que he adoptado es limitar mis salidas y evitar situaciones de riesgo", compartió.

Además, subrayó su desacuerdo con la posibilidad de que se emita el documental que Quezada planeaba producir desde la cárcel. "Espero que, si alguien piensa en transmitirlo, sean las autoridades quienes detengan su difusión, ya que está claro que ningún condenado debe lucrarse con su historia", expresó, mostrando su agotamiento emocional respecto al tema.

La juez también ha citado a declarar a la actual pareja de Ana Julia Quezada, M.A.R.Q., quien, según Ramírez, podría tener intenciones de tomar represalias contra ella. "Es cuestión del juez determinar si se deberán adoptar medidas adicionales en su contra", añadió.

En la jornada de hoy, un testigo, que se dedica al Tarot, también declaró, afirmando haber advertido a Ramírez sobre las amenazas que han llegado hasta ella.

Verónica Guerrero, abogada de la acusación, comentó que el testigo ha respaldado ante la Policía lo que ya había manifestado y ha proporcionado "material audiovisual" relacionado con las presuntas amenazas, el cual será presentado al juzgado en un dispositivo USB. "Ha hecho una labor notable contactando con Patricia y entregándole toda la información que ha conseguido", valoró la letrada.

A través de videoconferencia, Quezada fue llamada a comparecer, aunque se negó a responder al juez, mientras que su pareja optó por el derecho a no declarar por no contar con toda la información del caso.

El caso, que había sido archivado temporalmente, fue reabierto gracias a un recurso de la acusación que solicitó nuevas investigaciones. Como parte de las medidas de protección, el juez ha decidido anonimizar todos los datos personales de Patricia Ramírez en el proceso, tanto en la sede de Almería como en la de Ávila. La denunciante valoró positivamente esta decisión y destacó el interés mostrado por el juzgado en su caso.

La investigación sigue su curso para determinar si Quezada ha formulado amenazas a través de intermediarios, con o sin herramientas ilícitas dentro del centro penitenciario. Además, se están analizando posibles irregularidades en el uso de teléfonos móviles y la implicación de personas cercanas a la condenada.