En el contexto actual de España, se está dando una creciente atención a los desafíos que enfrentan las personas migrantes en el país. Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora el próximo 18 de diciembre, las organizaciones Pueblos Unidos y Entreculturas han publicado un informe en el que se destacan serios obstáculos como el racismo, la burocracia y la desigualdad en el acceso a derechos básicos como la educación y la sanidad.

A través de su campaña "Soy Acogida", ambas organizaciones han estado trabajando en el barrio de Ventilla, en Madrid, donde se ha logrado un acercamiento a las inquietudes de la población migrante. Macarena Úbeda, responsable del centro Pueblos Unidos, ha compartido que las calles del barrio son un reflejo palpable de la interculturalidad, señalando la notable integración de las personas migrantes en la comunidad local.

Este esfuerzo constante ha permitido a las entidades recopilar testimonios directos sobre la realidad vivida por las personas migrantes, abarcando una variedad de experiencias que enriquecen el entendimiento de sus luchas diarias. Entre estos relatos, destaca el de Ibra Sy, un joven subsahariano de 20 años, quien ha expresado que su principal preocupación es el incremento del racismo y la xenofobia que enfrenta cotidianamente, subrayando el impacto negativo de ser etiquetado como "violento y peligroso" debido a su origen.

Diana Rico, una mujer latinoamericana de 48 años que ha residido más de cinco años en España, también compartió su experiencia, indicando que ha enfrentado discriminación en diversas entrevistas laborales. Según su testimonio, los reclutadores suelen asumir que su condición de extranjera implica que estará dispuesta a aceptar salarios bajos y suponen que carece de educación. No obstante, Diana aclara que no percibe a la sociedad española como completamente racista o xenófoba.

Por otro lado, Pueblos Unidos ha destacado que uno de los mayores obstáculos para las personas migrantes en España es la complejidad del proceso de regularización administrativa. La abogada Marta Sánchez-Briñas ha manifestado que las barreras burocráticas y legales impuestas por el Estado español dificultan enormemente la posibilidad de regularizar su situación, creando un círculo vicioso que repercute negativamente en la salud mental de los solicitantes.

Además, las inquietudes relacionadas con el acceso a derechos fundamentales como la educación, la sanidad, y la vivienda son también preocupaciones constantes. Sánchez-Briñas subraya que, aunque estos derechos están teóricamente garantizados, no se disfrutan en igualdad de condiciones debido a los numerosos impedimentos administrativos y a la creciente vulnerabilidad de muchas personas migrantes.

La responsable de Pueblos Unidos ha señalado que la precarización de estos derechos en ciudades como Madrid ha generado un escenario en el que los servicios sociales no pueden satisfacer la demanda, a menudo sobrepasados por una infraestructura pública limitada que no logra atender adecuadamente a quienes más lo necesitan.

A pesar de las adversidades, las organizaciones mantienen su posición en contra de los estigmas que rodean a las personas migrantes. De hecho, lamentan el creciente número de voces que las acusan de "no trabajar y solo querer ayudas sociales". Keita, un joven guineano de 23 años que ha estado en España desde 2018, ha enfatizado que estas afirmaciones carecen de fundamento. "Las personas migrantes estamos deseosos de contribuir a la sociedad, siempre que se nos brinde la oportunidad", concluyó.