Letrados del Congreso consideran improbable el uso inmediato de las lenguas cooficiales.
Los servicios jurídicos del Congreso consideran que la reforma del Reglamento de la Cámara, registrada por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG para permitir el uso generalizado de las lenguas cooficiales en los debates e iniciativas parlamentarias, será muy difícil de aplicar de forma inmediata o a corto plazo. Además, advierten que su puesta en práctica obligaría a replantear todos los procedimientos parlamentarios.
La nota redactada por los letrados de la institución, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que si bien están a favor de admitir a trámite la reforma y de que sea debatida en tramitación directa y en lectura única, destacan las dificultades que conlleva su aplicación tal y como está planteada.
Los letrados resaltan que la reforma afecta de manera integral a todos los procedimientos parlamentarios, plazos reglamentarios y al funcionamiento general de la Cámara. Además, destacan que el reconocimiento del uso exclusivo de las lenguas españolas distintas del castellano requiere mecanismos de traducción e interpretación a la lengua común.
En relación a la actividad parlamentaria, los letrados advierten que ajustarse a los plazos tasados y breves será complicado si se tiene que proceder a la traducción al castellano de las iniciativas y documentos presentados en lenguas cooficiales.
En el contexto de los debates, los letrados enfatizan el esfuerzo logístico que implica asegurar la comprensión del discurso en una lengua distinta al castellano, considerando el volumen de actividad parlamentaria tanto en el Pleno como en las comisiones.
Ante este escenario, los letrados indican que si la reforma se aprueba, debería interpretarse que el reconocimiento del derecho al uso de las lenguas cooficiales queda supeditado a los términos que se establecerán en un acuerdo futuro de la Mesa de la Cámara. Además, resaltan que se debe tener en cuenta la naturaleza reservada de ciertas reuniones parlamentarias.
En conclusión, los servicios jurídicos del Congreso consideran que la aplicación inmediata o a corto plazo de la reforma del Reglamento planteada por determinados partidos políticos es muy difícil, ya que implicaría replantear todos los procedimientos parlamentarios existentes. Además, resaltan las dificultades logísticas y de traducción que conlleva el uso generalizado de lenguas cooficiales en los debates e iniciativas parlamentarias.