
En Madrid, el 3 de junio, la exconcejal del PSOE, Leire Díez, ha defendido su postura al afirmar que no mantiene ningún vínculo laboral con Ferraz, sede del partido, y que enfrenta con "tranquilidad" el expediente abierto en su contra tras la filtración de audios. En estas grabaciones, se le escucha discutir la posibilidad de ofrecer acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información que podría comprometer a diversos funcionarios, incluidos un alto cargo de la Guardia Civil y un fiscal.
Díez, quien ha ocupado diversos roles en el ámbito público, incluyendo la dirección de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos, fue clara al desmentir las acusaciones en su intervención en el programa 'Mañaneros' de TVE, según reporta Europa Press. "He rechazado la idea de que trabaje para Ferraz en múltiples ocasiones, y continúo haciéndolo", subrayó la militante socialista.
La exconcejal está convocada a comparecer ante la Comisión de Ética y Garantías del PSOE en relación con los audios que han salido a la luz. Sobre el expediente abierto por el partido, mencionó que lo afronta "con tranquilidad y con el alivio de poder compartir información".
El pasado 28 de mayo, el PSOE decidió iniciar un expediente informativo contra Díez, descrita como una "afiliada de base", tras la aparición de informes en diferentes medios que sugieren que ofreció un intercambio de favores con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En este contexto, se alegó que tenía la intención de obtener datos comprometedores relacionados con un alto mando de la UCO y un fiscal.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, desde el PSOE han aclarado que el inicio del expediente no conlleva ninguna medida cautelar contra Díez. Además, han expresado el deseo de acceder a la grabación completa que, según dicen, fue obtenida de manera "ilegal" en el despacho de un abogado, dado que hasta ahora solo se conocen "fragmentos" de dicha grabación, junto con el testimonio personal de la implicada.
La decisión de Ferraz de tomar acciones se originó tras las revelaciones de que Díez, quien desempeñó funciones en empresas públicas entre 2018 y 2024, había prometido acuerdos al empresario Alejandro Hamlyn a cambio de información que podría comprometer al teniente coronel Antonio Balas, responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, así como al fiscal anticorrupción José Grinda.
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