La líder del partido francés de extrema derecha, Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha hecho declaraciones enérgicas respecto a la reciente sentencia de un tribunal que la condena por malversación de fondos públicos. Según Le Pen, esta decisión es un intento puramente político de obstruir su participación en las elecciones presidenciales de 2027.

En una entrevista emitida por TF1, Le Pen sostiene que el juicio en su contra es un montaje orquestado por adversarios políticos y se basa en argumentos que, a su juicio, carecen de fundamento. Asegura que no se trata de un caso de enriquecimiento personal ni de corrupción, sino de una discrepancia administrativa con las instituciones europeas.

Le Pen afirma que esta intervención judicial afecta la voluntad de los franceses y cuestiona la legitimidad de esta inhabilitación que le impide presentarse como candidata. Según ella, esto representa una grave violación del estado de derecho y de los derechos que le otorga la Convención Europea.

La dirigente ha manifestado su intención de apelar la decisión del tribunal, aunque ha admitido que estos procedimientos suelen tardar entre 18 meses y dos años en resolverse. A pesar de la espera, Le Pen se muestra decidida a luchar por su inocencia, argumentando que cuenta con el respaldo de millones de franceses.

En sus declaraciones, Le Pen ha expresado tanto indignación como determinación frente a esta situación. Afirma que su desencanto por las injusticias que está sufriendo le dará una nueva energía para continuar su lucha política.

Con respecto a la posibilidad de que Jordan Bardella, actual presidente de Agrupación Nacional, sea el candidato presidencial en su lugar, Le Pen ha destacado las virtudes de Bardella, pero también ha asegurado que no permitirá que le saquen del juego político tan fácilmente. La opción de que ella asuma el cargo de primera ministra, si Bardella llegara a ser candidato, también fue mencionada por la dirigente.

La condena que enfrenta Le Pen implica cuatro años de prisión, de los cuales dos serán efectivos bajo libertad bajo supervisión, además de una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación. Esta pena se da en el contexto de un esquema que permitió desviar 2,9 millones de euros de fondos europeos para financiar a trabajadores de su partido, camuflándolos como asistentes de eurodiputados entre los años 2004 y 2016. En total, 23 personas han sido condenadas, con penas que varían entre seis meses y cuatro años, siendo Le Pen la más severamente sancionada, aunque algunas condenas han quedado en suspenso. Solo un acusado ha sido declarado inocente.