En un reciente desarrollo del caso que envuelve a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llegado a la conclusión de que Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona, jugó un papel significativo en el controvertido contrato que llevó la Supercopa de España masculina a Arabia Saudí. La UCO ha solicitado a la juez competente que emita una comisión rogatoria a las autoridades saudíes con el objetivo de identificar las cuentas bancarias tanto de Piqué como del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales.

Según un informe al que ha accedido Europa Press, este documento ha sido aportado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda, donde se investigan posibles irregularidades en la gestión de Rubiales, especialmente en lo que respecta al traslado de la Supercopa al país árabe. Esta revelación añade un nuevo capítulo a un escándalo que ya ha capturado la atención pública y ha suscitado críticas sobre la gestión de la RFEF.

Los agentes han solicitado a la juez, Delia Rodrigo, que inicie la comisión rogatoria, argumentando que la "información que pudiera resultar de utilidad" para esclarecer los hechos se encuentra bajo la tutela de las autoridades del Reino de Arabia Saudí. Este movimiento subraya la importancia que el caso ha adquirido y la necesidad de un escrutinio más profundo sobre el papel de los implicados.

Además de la solicitud de información relacionada con los investigados, la UCO ha pedido que se requiera datos de la empresa saudí SELA, encargado de las negociaciones con la RFEF para la celebración de la Supercopa. Este proceso pone en la mira a varios actores involucrados en el acuerdo que ha sido objeto de críticas y controversias.

Los agentes de la UCO han presentado "indicios" recopilados sobre las negociaciones iniciales para llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Se ha señalado que, entre los diferentes intermediarios que ofrecieron sus servicios, Gerard Piqué se destacó como un "participante activo" a través de su sociedad representativa, AC TALENT. Esto resalta el entramado corporativo que se ha desarrollado alrededor de la figura de Piqué dentro de este contexto.

Analizando la cronología del contrato que facilitó el traslado de la Supercopa, la UCO ha sugerido que la intermediación llevada a cabo por Kosmos (la empresa de Piqué) parecía estar más alineada con los intereses de la RFEF que de SELA, la compañía pública saudí. Esto plantea interrogantes sobre la transparencia y la motivación detrás de las decisiones tomadas durante el proceso.

El informe de la UCO ahonda en la relación de Piqué con la RFEF, más allá de su implicación con el acuerdo saudí. Se mencionan correos electrónicos y reuniones que giraron en torno a la negociación de derechos de transmisión, así como la planificación de la Copa del Rey y la Supercopa de España. Este contexto indica una profunda implicación de Piqué en diversas facetas de la gestión deportiva.

La investigación también destaca la participación de otros actores en las negociaciones, incluyendo a Arturo Juan Canales, quien actuó en representación de AC Talent, junto a Piqué. Esto sugiere un enfoque coordinado en las transacciones relacionadas con el fútbol español, donde múltiples intereses estaban en juego.

Sin embargo, la UCO enfatiza que las relaciones de Piqué con la RFEF no se limitaron a estos acuerdos, sino que se extendieron a contratos con otras entidades, como la empresa japonesa Rakuten, así como iniciativas conjuntas con Kosmos. Esto evidencia un entramado más complejo que involucra a diversas organizaciones y contratos.

Entre las revelaciones más llamativas, se menciona la creación en marzo de 2019 de un grupo de Whatsapp titulado 'Supercopa España', que incluía a Rubiales, Piqué, Canales y el entonces directivo de la RFEF Rubén Rivera. Aunque los detalles de las conversaciones son desconocidos, los investigadores apuntan a que desde ese momento se incrementó el interés de la RFEF por el acuerdo con Arabia Saudí.

En abril de 2019, se llevaron a cabo modificaciones en el memorando de entendimiento, con la mención de un interés externo, específicamente de China, para albergar la Supercopa. Andreu Camps, entonces secretario general de la RFEF, señaló la necesidad de consultar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y obtener su aprobación antes de avanzar con cualquier acuerdo, un paso que podría haber sido omiso en las decisiones tomadas.

El informe también recuerda que la pandemia obligó a replantear las negociaciones en 2021, dado que se volvió imposible llevar a cabo el torneo en su formato habitual. Durante este tiempo, la RFEF y SELA tuvieron que buscar nuevas alternativas, ondeando nuevamente a Kosmos como intermediario en la situación. Este aspecto del informe indica la adaptabilidad en la estrategia de negociación que caracterizó el proceso.

Finalmente, se indica que a través de estas nuevas negociaciones, las partes renegociaron los contratos, asegurando a la RFEF el cobro de 40 millones de euros anuales durante tres años, mientras que Kosmos recibía su comisión anual de 4 millones de euros. Esta situación ejemplifica las dinámicas monetarias involucradas en la celebración de eventos deportivos en el extranjero, y subraya la necesidad de una revisión más exhaustiva de estos acuerdos.

Todo este informe se produce en un contexto delicado, tras la decisión de la juez instructora en mayo de este año de investigar a Piqué, al encontrar indicios de conductas delictivas relacionadas con el contrato que permitió el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí. Este caso continúa evolucionando y es un claro recordatorio de los desafíos éticos que enfrenta el mundo del fútbol y la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de sus instituciones.