En el contexto de la actualidad judicial española, Marien Ortega, quien recientemente asumió el cargo como portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ha levantado la voz sobre la situación de los nombramientos en la cúpula judicial. Ortega ha señalado que, en su opinión, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) controlan de manera desproporcionada estas designaciones.

Durante una entrevista concedida a Europa Press, Ortega, que ejerce en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, expresó que es alarmante que estas dos asociaciones, que en conjunto no representan ni el 35% del total de la carrera judicial, sean quienes dominan los nombramientos. Este fenómeno, argumenta, pone de manifiesto que otros factores están en juego en el proceso de nombramiento, en lugar de basarse exclusivamente en méritos y capacidades.

Como respuesta a esta situación, la AJFV ha decidido no respaldar a ningún candidato para vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que no se restablezca un sistema en el que sean los propios jueces quienes elijan a los doce vocales judiciales. Ortega aduce que el actual sistema sigue siendo una mera representación de cuotas partidistas, evidenciando un favoritismo hacia las mencionadas asociaciones.

Ortega ha subrayado la urgencia de reformar el sistema de nombramientos del CGPJ, ya que percibe que la independencia y credibilidad de la institución se ven comprometidas. La presencia de bloques ideológicos, según su análisis, produce una falta de confianza tanto dentro como fuera de la justicia.

Además, la AJFV ha denunciado situaciones irregulares, apuntando que el CGPJ ha favorecido a APM y JJpD al otorgarles el 75% de las plazas públicas, a pesar de su limitada representación en la carrera judicial. Este desequilibrio ha generado una fuerte crítica por parte de Ortega y su asociación, quien recalca que los nombramientos deben reflejar la realidad judicial y no unas estadísticas distorsionadas.

En cuanto a los nuevos tribunales de instancia, que se espera comiencen a funcionar el 31 de diciembre, Ortega considera primordial su correcta implementación. A pesar de que reconoce la necesidad de modernizar la justicia, advierte que este cambio se ha hecho sin la consulta adecuada a los que forman parte del sistema judicial a diario.

Ortega también ha enfatizado la necesidad de aumentar el número de plazas convocadas en la carrera judicial, ya que los niveles actuales no son suficientes para cubrir las vacantes que se generan por jubilaciones y otros factores. Actualmente, España cuenta con una baja proporción de jueces en comparación con la media europea, lo que repercute negativamente en la atención a los ciudadanos.

La magistrada ha puesto de relieve que la carga laboral excesiva está llevando a un aumento de bajas médicas y jubilaciones anticipadas entre los jueces. Este fenómeno se ha visto exacerbado por la falta de un plan claro para mejorar la situación laboral de los jueces, lo que a su juicio podría provocar un colapso en la atención judicial.

Finalmente, respecto a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que afectó a un ex fiscal general, Ortega defiende la integridad de la resolución judicial y rechaza las insinuaciones de motivaciones políticas en la decisión. Insiste en que la crítica jurídica es válida y necesaria, pero debe mantenerse dentro del ámbito del respeto institucional y no caer en prejuicios ideológicos.