Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación en la sede del Gobierno de Melilla el pasado viernes en relación a la investigación sobre la presunta compra de votos llevada a cabo en las elecciones municipales del 28 de mayo, según informan fuentes policiales. La diligencia ha consistido en el volcado de datos informáticos dentro del Palacio de la Asamblea, sede del Gobierno melillense. El mandamiento judicial ha contado con la colaboración del Ejecutivo de la ciudad autonómica, aunque no se han llevado a cabo registros en dependencias gubernamentales, ni incautaciones físicas de ordenadores u otros dispositivos por parte de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

El presidente en funciones de Melilla, Eduardo de Castro, ha reconocido este viernes en rueda de prensa que la operación policial es un asunto serio aunque, al ser una causa declarada secreta por el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad, no ha hecho comentarios más específicos. De Castro señaló que había firmado un decreto para pedir la colaboración de los funcionarios en lo relativo a la documentación requerida.

Tras el operativo que dejó una decena de detenidos por la presunta compra de votos por correo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó que Anticorrupción asumiera este caso de "trascendencia desde el punto de vista social y político". Según el escrito de la Fiscalía, el entramado delictivo dio comienzo el 4 de abril como consecuencia de la convocatoria electoral y habría sido llevado a cabo por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla.

De acuerdo con el Ministerio Público, el objetivo era "alterar la libre manifestación de la voluntad popular" en las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, que fueron ganadas por el PP con mayoría absoluta. En la actualidad, Eduardo de Castro, ex candidato de Ciudadanos, gobierna Melilla con el apoyo de Coalición por Melilla y el PSOE.

Según la Fiscalía, los individuos implicados formarían "una estructura organizada, con planificación previa y concertada", y habrían financiado la compra de votos con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionados con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma.

El decreto del fiscal general describía una "operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos, alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo". El dato de Correos informado el 26 de mayo, último día de campaña para las elecciones, reflejaba que 5.814 votos por correo en Melilla habían sido considerados como válidos, lo que representa casi la mitad de las 11.700 solicitudes tramitadas en la ciudad autónoma. Esto llevó a un cruce de acusaciones entre las formaciones locales. La Junta Electoral ordenó que se pidiera el DNI para la entrega de los votos, dentro de una serie de medidas para garantizar la limpieza de los comicios.