En un desarrollo significativo en la política surcoreana, la Policía de Corea del Sur ha reanudado su intento para llevar a cabo un registro en la oficina presidencial, en el marco de la investigación sobre el fallido intento del presidente suspendido, Yoon Suk Yeol, de instaurar la ley marcial. Este lunes, las autoridades avanzaron en su búsqueda de evidencias tras el arresto formal del presidente, que tuvo lugar durante el fin de semana.

Los investigadores se presentaron en la oficina presidencial localizada en el corazón de Seúl, luego de que intentos previos de acceder al lugar se viesen frustrados debido a la oposición del personal de la guardia presidencial. Según ha señalado la agencia de noticias Yonhap, también se hizo una visita al centro de operaciones de emergencia, lo que sugiere que las autoridades están realizando un exhaustivo esfuerzo para esclarecer los acontecimientos.

Durante el mismo fin de semana de su arresto, Yoon fue trasladado a una celda de aislamiento en el centro de detención de Seúl, donde se le ha mantenido en condiciones estrictas, tal como lo confirmó Shin Yong Hae, comisionado general del servicio correccional, en su comparecencia ante el comité legislativo y judicial de la Asamblea Nacional este lunes. Shin comunicó que Yoon ocupó una celda de doce metros y que, hasta el momento, ha mostrado una actitud cooperativa en relación a los procedimientos de su detención.

Según el comisionado, Yoon ha pasado la noche "bien" y ha colaborado con las normativas, incluyendo la toma de fotografías y la realización de un examen físico, lo que demuestra su disposición a seguir con los protocolos establecidos en estas situaciones. Este hecho marca un hito en la historia política del país, ya que Yoon se convierte en el primer presidente surcoreano en ser detenido formalmente.

La gravedad de las acusaciones que enfrenta, que incluyen insurrección y abuso de poder, se desatan a raíz de su controversial declaración de la ley marcial el 3 de diciembre y su decisión de enviar personal militar a la Asamblea Nacional con el objetivo de evitar la anulación de su decreto. Este episodio refleja la profunda crisis y la polarización que atraviesa la política de Corea del Sur en la actualidad.