La Mesa del Congreso abre expediente a diputada del PP por mostrar gas pimienta en el hemiciclo

La Mesa del Congreso ha decidido iniciar un expediente sancionador contra la diputada del PP Ana Vázquez, tras exhibir un bote de gas pimienta en una sesión plenaria. La medida cuenta con el respaldo del órgano de gobierno de la Cámara, que también ha acordado escuchar a la diputada en un plazo de diez días para que presente sus alegaciones. La decisión se produce en un contexto político marcado por la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa.

Este incidente ha puesto en evidencia las restricciones sobre la tenencia de armas en el recinto parlamentario y ha generado debate sobre la seguridad y disciplina en el Congreso. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, consideró que el bote de gas pimienta podía considerarse un arma, lo que llevó a la diputada a abandonar el hemiciclo. La normativa vigente prohíbe portar armas en el Parlamento, independientemente de su uso o finalidad.

La apertura del expediente refleja la intención de mantener el orden en la cámara y la aplicación estricta del reglamento. El informe jurídico subraya que, aunque el spray sea legal como dispositivo de autodefensa, su exhibición en un espacio público institucional puede interpretarse como una conducta sancionable. La decisión final dependerá del Pleno del Congreso, que valorará la proporcionalidad y las circunstancias del caso.

El episodio ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión y las limitaciones en espacios públicos políticos. La postura de la mayoría en la Mesa apunta a una sanción ponderada, que podría incluir la suspensión temporal, sin afectar las funciones futuras de la diputada en la cámara. La resolución definitiva se conocerá en los próximos días tras la deliberación en el Pleno.

Este suceso también pone sobre la mesa cuestiones de seguridad y disciplina en las instituciones parlamentarias. En un escenario más amplio, refleja las tensiones existentes en un Congreso donde las mayorías del Gobierno pretenden reforzar el control y la normativa interna, en un contexto de polarización política creciente y debates sobre derechos y seguridad en espacios públicos institucionales.