Los juzgados y tribunales se enfrentan a un gran desafío en el año 2024 debido a la aplicación de la ley de amnistía acordada por el PSOE con Junts y ERC para eliminar los delitos cometidos en el marco del 'procés', lo que permitirá el regreso del ex presidente catalán Carles Puigdemont y levantar la inhabilitación que aún pesa sobre su ex vicepresidente Oriol Junqueras. Sin embargo, se espera una fuerte oposición por parte de jueces y magistrados, quienes llevarán la batalla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y al Tribunal Constitucional (TC).

La ley de amnistía, que aún está en proceso parlamentario, abarca más de una década del 'procés', desde el 1 de enero de 2012, pasando por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y los disturbios de 2019 tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS). La proposición de ley, presentada únicamente por el PSOE, pasó su primer examen en el Congreso de los Diputados el 12 de diciembre y se espera que sea aprobada definitivamente y entre en vigor en primavera.

Una vez en vigor, los jueces y magistrados encargados de los casos relacionados con el 'procés' serán los responsables de decidir si aplican la amnistía. Para ello, tendrán un plazo máximo de dos meses, ya que la ley contempla que estos casos tengan carácter urgente y preferente. En el caso de que los jueces consideren que la amnistía choca con la Constitución o con las normas comunitarias, podrán acudir al Tribunal Constitucional y/o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que aclaren si la ley cumple con sus respectivos estándares.

En este segundo escenario, que según fuentes consultadas por Europa Press es el más probable, la aplicación de la amnistía se suspenderá en los casos cuyos jueces acudan al TC y/o al TJUE hasta que emitan su fallo. Esto retrasará la materialización de la medida de gracia para los implicados en dichos casos, ya que se estima que el Tribunal Constitucional tardará al menos seis meses en resolver y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea suele tardar alrededor de dos años.

Además de los jueces y magistrados, los políticos también podrán impugnar la amnistía ante el Tribunal Constitucional. Esto se podrá hacer mediante recurso de inconstitucionalidad, siempre y cuando cuenten con al menos 50 diputados y senadores, lo que actualmente reduce la lista al Partido Popular (PP). Aunque los recursos de inconstitucionalidad no suspenderán automáticamente la amnistía, aquellos que impugnen la ley podrán solicitar medidas cautelares que tendrán que ser acordadas por el Tribunal Constitucional.

La ley de amnistía beneficiará principalmente a los líderes del 'procés', tanto a aquellos que fueron condenados por el Tribunal Supremo como a aquellos que están huidos de la justicia. Sin embargo, no todos los implicados se verán beneficiados de inmediato, ya que cada caso será evaluado individualmente por los jueces y magistrados encargados de los mismos.

La entrada en vigor de la ley de amnistía también afectará a otros casos relacionados con el 'procés', como aquellos juzgados por el Tribunal de Cuentas, donde se ha juzgado a ex altos cargos de la Generalitat por presunto desvío de fondos para los gastos del 1-O. Durante el juicio, los acusados pidieron suspender el procedimiento contable por la proposición de ley, algo a lo que la Fiscalía se opuso. Además, la ley también tendrá consecuencias en los casos de los Comités de Defensa de la República (CDR) y de Tsunami Democràtic, ambos juzgados por la Audiencia Nacional.

En resumen, la aplicación de la ley de amnistía acordada por el PSOE con Junts y ERC para borrar los delitos cometidos en el marco del 'procés' será un gran desafío para los juzgados y tribunales en el año 2024. Jueces y magistrados se opondrán y llevarán la batalla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional. La entrada en vigor de la ley también afectará a otros casos relacionados con el 'procés', como los juzgados por el Tribunal de Cuentas, los Comités de Defensa de la República y Tsunami Democràtic.