Ferrovial se enfrenta a una nueva adversidad en su prolongada disputa con la administración pública de Madrid, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimara su recurso en relación con un pago de 73,4 millones de euros. Este pago, recibido en 2021 por la Comunidad de Madrid, corresponde a la construcción de la autopista M-203, un proyecto que se remonta a 2005, pero que nunca llegó a operar.

La sentencia emitida el 5 de febrero concluyó que el recurso interpuesto por la concesionaria Autopista Alcalá O'Donnell, perteneciente a Ferrovial, no procedía. La empresa había sido seleccionada en 2005 para llevar a cabo la construcción y explotación de esta vía durante 30 años, pero se encontró con complicaciones administrativas que entorpecieron el avance del proyecto.

En un giro de los acontecimientos, la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre en aquel entonces, no consiguió los permisos necesarios para la construcción. Fundamentalmente, carecía de autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Ministerio de Fomento, lo que llevó a que en 2007 se detuvieran las obras a pesar de la insistencia de la administración para que continuaran.

Ante esta situación, Ferrovial solicitó una modificación contractual y, en 2009, se acordó extender la concesión de 30 a 60 años como medida compensatoria. Sin embargo, en 2012, con la obra apenas parcialmente ejecutada, la empresa solicitó la cancelación del contrato, solicitud que fue ignorada por la Comunidad presidida entonces por Ignacio González, lo que llevó a Ferrovial a llevar el caso ante el TSJM en 2013.

El tribunal falló a favor de Ferrovial en 2015, aunque la Comunidad de Madrid recurrió la decisión. En 2016, bajo la dirección de Cristina Cifuentes, se desestimó este recurso. Dos años más tarde, Madrid aceptó indemnizar a la empresa con 56,2 millones de euros, más intereses de retraso por 5,3 millones, aunque el pago no se realizó de inmediato, lo que motivó otra acción legal por parte de Ferrovial en 2020, durante la presidencia de Isabel Ayuso.

Finalmente, en diciembre de 2021, la Comunidad cumplió con el pago total de 73,4 millones de euros, incluyendo el IVA. Sin embargo, Ferrovial considera que esta cantidad es insuficiente y ha presentado un nuevo recurso, solicitando 7,1 millones adicionales por trabajos realizados, 24,8 millones en interés, y una indemnización de 144,4 millones por el lucro cesante de no poder operar la autopista durante 60 años.

La reciente decisión del TSJM es apelable a través de un recurso de casación, y según fuentes de la compañía, están evaluando la posible presentación de este recurso para conseguir una revisión de la sentencia.