La Justicia exige a Madrid 1,7 millones por uso del edificio del TSJM o su desalojo

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha requerido a la Comunidad de Madrid el pago de más de 1,7 millones de euros para seguir usando el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hasta 2028, o que lo abandone antes de fin de año. La petición se basa en que el inmueble es de dominio público estatal y no fue transferido a la comunidad autónoma.

El edificio, situado en la calle General Castaños, acoge dependencias judiciales, pero la responsabilidad de proporcionar esta infraestructura recae en la administración autonómica. La Administración central sostiene que no existe un título jurídico que ampare la utilización del inmueble por parte de la Comunidad, más allá del uso actual.

El Ministerio ha iniciado los procedimientos para regularizar el uso del inmueble mediante una concesión demanial, que permitiría su utilización hasta 2028 a cambio de una tasa anual de aproximadamente 1,75 millones de euros. La Comunidad tiene dos meses para comunicar si acepta pagar esta tasa o si renuncia a continuar usando el edificio y se compromete a desocuparlo antes del 31 de diciembre de 2026.

En caso de no recibir respuesta en el plazo establecido, el Ministerio advirtió que podría proceder a la recuperación del inmueble sin necesidad de intervención judicial, para ponerlo a disposición del Tribunal Supremo. La decisión afectaría directamente a la relación institucional y presupuestaria entre las administraciones.

Este conflicto refleja las tensiones políticas en torno a la gestión de recursos y competencias en la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno central busca reforzar su control sobre bienes de dominio público. La situación también evidencia la disputa sobre la titularidad y el uso de infraestructuras judiciales en un contexto de mayor centralización judicial y control del Estado.

El escenario a futuro dependerá de la respuesta de la Comunidad, que deberá decidir si asume el coste del uso del inmueble o si opta por su desalojo. La resolución de este asunto marcará un precedente sobre la gestión de bienes públicos de dominio estatal en territorios con autonomías fuertes y puede influir en futuras relaciones entre ambas administraciones.